Por Washington Uranga

Es sabido que uno de los principales objetivos de la Alianza Cambiemos, desde el momento mismo en que Mauricio Macri se hizo cargo del Gobierno, ha sido el frente de la comunicación. Esto porque este campo es precisamente uno de los principales espacios de operación política de la coalición gobernante, pero además porque el PRO y sus aliados necesitan, por una parte seguir “devolviendo favores” a quienes desde el sistema de medios le ayudaron a llegar al gobierno y, por otra, destruir todo lo que tenga que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) intentando borrar todos sus vestigios y consecuencias.

También es conocido que en esa “batalla”, primero mientras se dio el debate sobre la LSCA, antes y después de su aprobación parlamentaria, y luego durante la campaña electoral, la ex diputada Silvana Giúdice fue una de las principales abanderadas de los ataques contra aquella norma para lo cual los medios hoy afines al Gobierno le abrieron sus micrófonos y enfocaron sus cámaras. Cuando Cambiemos llegó al Gobierno la ex diputada fue “premiada” con la designación como Directora del Ente Nacional de Comunicación (Enacom) y coordinadora de la comisión encargada de redactar el anteproyecto de la nueva ley de comunicaciones que tiene en mente el oficialismo.

Desde su nueva responsabilidad Giúdice no solo continuó con sus ataques a los defensores de la LSCA y a las medidas que se tomaron en el marco de la norma, sino que instrumentó un mecanismo de audiencias que supuestamente deberían acercar aportes al proyecto de ley. Lejos de ello, se trata de foros con acceso restringido y monitoreado por el Enacom donde quedan pocos espacios para las voces divergentes.

En una nueva embestida, la semana anterior hablando en un programa de televisión, Giúdice embistió contra las universidades nacionales comprometidas con la LSCA. Dijo en esa ocasión que “si te doy el listado de la gente que cobró, vas a entender porqué había tantos fanáticos de la ley de medios”. Para la directora de Enacom“se malogran las banderas, se malogró la pluralidad de voces. Donde mires, en los listados de los beneficiarios, tanto de las facturas que presentaban de los fondos Fomeca, como de los convenios con las universidades, había gente que eran los principales defensores de la ley, que en realidad cobraban cuantiosas sumas del Estado. Todas las facultades de comunicación social han recibido subsidios del fondo este, que tenían que recibirlos los pequeños radiodifusores y que iban a financiar la política”.

Se denomina Fomeca a un Fondo de Fomento Concursable, establecido por la ley en el art. 97 inc. F, y que ha permitido mediante aportes del Estado la creación, el sostenimiento y el fortalecimiento de medios audiovisuales, y al que accedieron tanto medios comunitarios y comunidades de pueblos originarios como también universidades que presentaron proyectos a tal fin.

Muchos de quienes tenían ya adjudicados fondos del Fomeca vienen denunciando que desde diciembre de 2015 tales proyectos se encuentran paralizados y se adeudan pagos que ya estaban comprometidos con las previsibles consecuencias para quienes se encontraban beneficiados. El congelamiento de los fondos Fomeca es parte de la estrategia oficial en materia de comunicación.

Frente a los dichos de Giúdice la Redcom (Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo) manifestó “nuestro más absoluto rechazo” a los dichos de la directora de Enacom solicitando “la retractación por parte de la mencionada funcionaria”.

Dice también la Redcom en su declaración que “como parte de una lucha histórica por el derecho a la comunicación –vulnerado sistemáticamente–, las carreras de comunicación de todo el país trabajamos por construir una ley plural y federal con el objetivo de profundizar nuestra democracia”. Recuerdan que “hemos participado activamente en los debates que precedieron a su aprobación, en su reglamentación, en la integración de organismos colegiados previstos por la citada norma e impulsamos acciones en pos de una verdadera democratización de la comunicación, promoviendo los derechos a la información y a la libertad de expresión”,

Para Redcom “esa ley (de SCA), debatida y consensuada, además de votada por amplias mayorías de ambas cámaras del Congreso de la Nación, fue ratificada en su constitucionalidad por la Corte Suprema, fue derogada parcialmente por un ilegítimo decreto de necesidad y urgencia por parte del gobierno de la Alianza Cambiemos, de la cual Giúdice forma parte”.

Y agrega que “las declaraciones de la funcionaria se enmarcan en la serie de ataques realizados desde entonces a las universidades públicas, a las carreras de comunicación y a todos los que defendimos y defendemos la plena vigencia de la LSCA”. Para Redcom “tales manifestaciones (de Silvana Giúdice) son una muestra más de la falta de argumentos para defender lo indefendible y un intento de desprestigiar, solo mediante la difamación, las voluntades forjadas en la plena convicción de que la comunicación es un derecho humano, que los monopolios atentan contra él y que el Estado debe estar para defender a los ciudadanos y ciudadanas, no solo a las empresas interesadas. El comunicado de Redcom finaliza reafirmando su defensa de la LSCA porque “es la defensa de la democracia lo que está en juego”.

Publicado en Página 12

Comunicado de FADECCOS // Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social

POR UN DEBATE PÚBLICO Y PLURAL PARA UNA NUEVA LEY DE COMUNICACIONES CONVERGENTES

La Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS) concluyó en Jujuy su XIV Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación (ENACOM), con la participación de cientos de docentes, investigadores, profesionales, estudiantes y miembros de la sociedad civil. Durante tres días, en más de un centenar de ponencias, una decena de paneles centrales y en un Foro sobre Democracia, Comunicaciones y Convergencia, se abordaron las principales problemáticas del campo comunicacional, entre las que se destacaron las referidas a la decisión del gobierno nacional de modificar por decreto y de manera inconsulta los núcleos conceptuales centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y emprender la redacción de un nuevo proyecto sin convocar a una participación plural y diversa de los actores del sector. Las Carreras de Comunicación queremos y debemos ser parte del proceso.

La posición de FADECCOS ha sido clara durante los últimos años y volvió a serlo en esta ocasión. No existió necesidad, ni mucho menos urgencia, para que el Poder Ejecutivo atacara el corazón de la Ley sancionada en democracia y avalada por los tres poderes del Estado en distintas instancias.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), ha venido desarrollando simulacros de instancias participativas en facultades de Ingeniería y Derecho de nuestro país, a los que convoca pocos días antes y en los que presentan una lista de oradores cerrada de profesionales que en general se vinculan al sector empresarial, dejando un escaso margen de participación al sector universitario, y específicamente a las carreras de Comunicación de todo el país. Esta semana, y luego de que nuestro evento convocara a cientos de expertos a discutir este tema con agenda abierta, pretende reeditar la parodia realizando un nuevo plenario en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) en el que harán uso de la palabra solo cuatro oradores definidos por el propio gobierno. La lista de oradores desconoce la diversidad de aportes que las universidades y las carreras de Comunicación pueden hacer al respecto, puesto que no han sido convocados expertos del campo.

Ante esta situación, FADECCOS desea manifestar su posición de manera contundente: no existe en el Ente Nacional de Comunicaciones la voluntad real de abrir el debate a las carreras de Comunicación y a la sociedad en general. Lejos de eso, su Directora, Silvana Giudici, ha manifestado públicamente que la adhesión de las universidades a la LSCA se explicaría por supuestas prebendas o líneas presupuestarias para nuestras instituciones. Rechazamos de manera terminante esas afirmaciones.

La participación de las carreras de Comunicación en el proceso de discusión antecedió en años a la norma de 2009 y se fue cimentando con las deliberaciones en el seno de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, organismo de la sociedad civil que redactó los 21 puntos que fueron la base de la LSCA. Esos lineamientos son los mismos que sostuvimos en el pasado en los debates públicos, que utilizamos en su momento para exigirle a los conglomerados mediáticos el cumplimiento de la Ley y al Poder Ejecutivo su implementación integral y que, reformulados a la luz de las innovaciones tecnológicas y regulatorias del sector, esgrimimos hoy para solicitarle al nuevo gobierno la apertura de espacios realmente democráticos de discusión para la elaboración de un nuevo proyecto.

La Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social ha venido construyendo a partir de los conocimientos y experiencias de sus miembros. Como organización de la sociedad civil, ha compartido espacios de articulación con otros actores como medios privados y comerciales, sin fines de lucro, trabajadores de prensa, sindicatos y pueblos originarios, entre otros tantos. Ha reconocido la  potencialidad de la LSCA por tratarse de un cuerpo doctrinario de alta calidad, reconocido por los principales especialistas y organismos internacionales. Asimismo, ha mantenido posiciones críticas tanto sobre el incumplimiento de los principales grupos mediáticos, como sobre la implementación incompleta llevada a cabo por el gobierno anterior.

La comunicación es un derecho humano fundamental de las personas; nuestro país ha suscripto tratados internacionales que así lo definen. La regulación del mercado info-comunicacional es, por lo tanto, de vital importancia para la vida democrática de los pueblos. En defensa del reconocimiento de ese derecho nos hemos manifestado por más de treinta años. En defensa de ese derecho hemos concurrido a cada foro y espacio de discusión. En defensa de ese derecho instamos al gobierno nacional a que cese en sus ataques y difamaciones, que no tienen otro objetivo que desviar la discusión y ocultar su verdadera intención: negarle a la sociedad civil su legítimo derecho de intervenir en discusiones sustanciales para la calidad de su vida democrática.