Después de 8 años Ecuador aprobó la esperada Ley de Cultura

Por Daniel Cholakian – NodalCultura

Luego de varios años de espera, la Asamblea Nacional Ecuatoriana aprobó este jueves el Ley de Cultura. Según la constitución de Montecristi de 2008, 8 leyes debían ser promulgadas en el año siguiente. Al aprobar este proyecto con 82 votos afirmativos, la Asamblea Nacional cerró el período constituyente de construcción de leyes que fueron planteadas en sus disposiciones transitorias.

El proyecto define las competencias, atribuciones y obligaciones del Estado, los fundamentos de la política pública orientada a garantizar el ejercicio de los derechos culturales y la interculturalidad, así como ordenar la institucionalidad encargada del ámbito de la cultura y el patrimonio a través de la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura.

Respecto de la importancia del sistema, la ex ministra a cargo del Ministerio de Cultura, Ana Rodríguez, explicó oportunamente a Nodal Cultura: “El Sistema Nacional de Cultura se nombra en el art. 377 de la Constitución. En él se lo menciona y describe sus componentes principales: la memoria, el patrimonio, la creación, el arte, el espacio público. El SNC es esencial para la promoción de la unidad nacional en la diversidad. Lo que hemos tenido hasta hoy no se ha construido como una estructura sistémica. Es una suma de instituciones, de normativas, de procesos, que en distintos períodos y de modos más o menos desordenados en función de distintas voluntades políticas, han ido configurando una institucionalidad de cultura”. Aquello que originalmente era el Sistema Nacional de Cultura, será a partir de ahora Red Nacional de Cultura , que será la forma institucionalizar ese caos de competencias e instituciones en dos grandes subsistemas: el de Memoria Social, Patrimonio Cultural e Interculturalidad y el de Artes e Innovación. Rodríguez había ejercido el cargo de viceministra junto a Guillaume Long-actual canciller-, quien en 2015 asumió el cargo para impulsar la ley que estaba pendiente desde 2009, como explicó a NodalCultura al comienzo de su gestión.

Dentro del primero de los subsistemas se incluye al Instituto de la Memoria Social, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, cinematecas, mediatecas, repositorios, centros culturales y entidades de patrimonio que reciban fondos públicos, los gobiernos autónomos descentralizados y los entes de la cultura que reciban fondos públicos. El subsistema de Artes e innovación incorpora al Instituto para el Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad (que asignará los fondos concursables no retornables), elencos, Instituto de Cine, teatros, salas y espacios de creación, como también a la CCE y los GAD.

De acuerdo lo afirmado por el actual ministro de Cultura, Raúl Vallejo, en conversación con NodalCultura, “la ley va a permitir institucionalizar y fortalecer el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), es decir la protección patrimonial; definirá la competencia del ministerio tanto como de los GADs, los gobiernos autónomos descentralizados; fortalecerá al INPC como instituto de investigación; permitirá una gestión mucho más ágil de los museos; institucionalizará el fomento de las artes y la creatividad, a través de un Instituto de fomento, para que los fondos de fomento concursables no dependan del ministro que está a cargo, sino que sean una política del ministerio de Cultura y Patrimonio; definirá a los gestores, artistas y actores culturales como trabajadores, lo que habilita al ministerio de trabajo a dar una protección laboral eficiente basada en una ley particular, y al mismo tiempo permite al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social crear regímenes de aportación considerando las particularidades del sector cultural y por sobre todo organizará en general el Sistema Nacional de Cultura. También genera algunas fuentes de financiamiento para el fomento de las artes y la cultura. Lo importante es que define claramente en el presupuesto del Estado la necesidad de financiación para este fomento en el propio texto de la ley”.

Entre los puntos destacados por quien tuvo a su cargo exponer el proyecto ante la Asamblea, Ximena Ponce, se encuentra la inclusión de la comunidad migrante a los derechos culturales; el fomento público y privado a las actividades culturales, con fondos reembolsables y también con fondos no retornables; reconocimiento de la condición de trabajadores de los artistas, con lo que esto implica en términos de derechos laborales; un sistema novedoso de seguridad social para artistas y las gestores culturales y fomento del libro. La ley, además garantiza la libertad de creación como un derecho, impulsa el cine nacional, garantiza la expresión artística como un modo de reafirmación de las identidades.

Uno de los puntos de conflicto que debió resolver la ley fue el que surgió a propósito de la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que fuera fundada por Benjamín Carrión en 1948. En palabras de Long al asumir su mandato “la Casa de la Cultura es una institución que reemplazó durante muchísimos años a un ministerio ausente y tiene autonomía, aunque muchas veces no hay mucha claridad en lo que hace. Tiene un gasto administrativo desmesurado, y tiene en algunos casos –y esta es una crítica que le haría- una visión un poco sesentera y setentera de la cultura, que está muy bien esa visión para un grupo etario, pero que no necesariamente abre espacios para nuevas generaciones”. El trabajo de este último año y medio ha sido vencer la resistencia de la Casa de la Cultura ha ceder lo que consideraba su autonomía, reconociendo su importancia histórica, y definiendo un régimen que combine autonomía de programación y decisión, con rendición de cuentas y calidad de gestión. Como afirmó el ministro Vallejo: “La ley respeta la autonomía de la Casa de la Cultura, y señala que es una institución de derecho público con autonomía responsable. La autonomía responsable es un concepto que está en la Constitución. Significa que su autonomía no es una autarquía respecto de lo que pasa en el sistema en general. Es autonomía porque define su propio estatuto, elige sus propias autoridades, maneja su propio presupuesto y define su plan de inversión, entre otras cosas (…) Y esto es muy importante, porque además el ministerio ya no es un ministerio ejecutor, sino un ministerio que está definido como un generador de políticas culturales. La Casa ejecuta. La Casa directamente lleva adelante la promoción, el trabajo con los artistas, el ministerio no va a meterse en eso.” Esta autonomía está garantizada entonces por la ley.

Si bien se eliminó el impuesto al 10% de las entradas a las películas extranjeras, se definió un modelo de fomento y financiación para el cine y el audiovisual, que permitirá tener un fondo permanente para sostener la producción nacional.

El proyecto, largamente debatido en los últimos años en todo el país, fue sometido a consulta prelegislativa en las 24 provincias ecuatorianas, donde participaron organizaciones sociales de diverso orden, organizaciones indígenas, afroecuatorianas y montubias.

El siguiente paso es el envío del mismo al poder ejecutivo para su revisión, que podrá definir su aprobación o producir vetos sobre algunos aspectos de la ley.

 

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