Argentina: Presentaron proyecto de Ley Federal de las Culturas
Por NodalCultura
El Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura presentó el lunes 5 de junio en el Congreso Nacional el proyecto de Ley Federal de las Culturas. El mismo fue elaborado de modo participativo durante un proceso que llevó dos años, y contó con la participación de colectivos diversos en todo el país.
“Lo que nos interesa subrayar es el método de construcción del proyecto, que se enmarca en el decreto 1172/03 que regula la elaboración participativa de las normas. Nunca creímos en una ley de escritorio, por eso los 46 foros que recorrieron el país y las 12 mil intervenciones que hemos recibido, nos permitieron construir un consenso que abarca todas las visiones y todo el arco de los artistas y gestores. Con ellos tuvimos una interacción permanente y logramos que sus necesidades fueran incluidas en el texto de la ley”, destacó el escritor y editor Francisco “Tete” Romero, vocero de la presentación. “Veinticuatro Universidades públicas nacionales fueron parte de las discusiones y nos dieron letra. Cultura viva comunitaria y los colectivos de las culturas comunitarias, autogestivas, cooperativas e independientes, también participaron de los debates”, agregó.
El proyecto de ley había sido presentado hace ya más de dos años y no fue tratado por el Congreso de la Nación. Por ese motivo perdió estado parlamentario y debió ser presentado nuevamente. En esta ocasión, diputados opositores se comprometieron a impulsarlo en las comisiones parlamentarias. La diputada nacional Liliana Mazure explicó que la ley seguramente será enviada al menos a tres comisiones, lo cual podría demorar e incluso impedir su avance. Por ese motivo reclamó a los diversos sectores comprometidos con la cultura que participen del impulso del tratamiento al interior de las diferentes instancias parlamentarias.
En ese sentido Diego Galíndez, miembro del grupo que presentó el proyecto de ley, aseguró que esto tiene que ser un llamado a la participación, con un texto abierto que puede ser mejorado. Propuso que el proceso se transforme en una épica de construcción colectiva.
El texto está compuesto de ocho capítulos: Disposiciones generales, Derechos Culturales, De los Pueblos Originarios, Autoridad de aplicación, Trabajadores y Trabajadoras de las Culturas, Gobierno de las Culturas, Políticas Culturales Federales y Presupuesto Cultural. Este último comienza con una definición clara al respecto, definiendo que “la inversión cultural para el desarrollo de políticas públicas federales será no inferior al uno por ciento del presupuesto nacional anual, tal como lo recomienda la UNESCO.”
Respecto de la participación de los pueblos originarios, Romero relató que “estuvimos en Calilegua con la totalidad de los consejos de participación indígena, y como no creemos en ninguna clase de paternalismo, la letra de ese capítulo está redactado por los 25 consejos de participación indígena”. Se los considera como preexistentes a la Nación y a las lenguas de los pueblos originarios como patrimonio cultural.
La ley es un marco para la implementación de políticas públicas federales y tiene el propósito fundamental de asegurar el cumplimiento de los derechos culturales de todos los habitantes de la República Argentina.
El proyecto lleva en su título la palabra Culturas, en plural, pues definirla de ese modo supone asumir a la diversidad cultural, social, étnica, de género y lingüística. “Interpelar la formulación en singular de la cultura supone interpelar la única tradición o la mono identidad. No se puede plantear la diversidad sin producir un corte o una ruptura epistemológica en el modo de concebir la cultura”, explicó Romero.
La ley propone un ejercicio federal y colectivo de las políticas culturales, integrando con carácter ejecutivo al Consejo Federal de Cultura, conformado por las autoridades de cada provincia argentina y un Consejo Consultivo integrado por trabajadores de las Culturas, que participarán de la elaboración de los planes bianuales y quinquenales. Además propone institucionalizar el Congreso Argentino de Cultura, con instancias municipales, provinciales y regionales, donde se debatirán los programas estratégicos de desarrollo cultural.
También el proyecto hace referencia a la importancia del desarrollo federal de las culturas, la inclusión de las universidades públicas y el desarrollo de las industrias culturales.
La exposición del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura finalizó sosteniendo que este proyecto debe constituirse como territorio de consensos de la pluralidad que existe en la política argentina.
No hay inocencia en las palabras. Destacar la idea de “culturas” por sobre la de “cultura” no es parte de un discurso políticamente correcto o banalmente inclusivo, sino que abre una discusión central a la hora de pensar la política cultural. Esa “s” puede ser el punto de partida para cuestionar prácticas adquiridas que instalan a la cultura como afirmación de lo instituido. La cultura como forma de desarrollo humano y la cultura como práctica política viven en tensión. La ley marco debe apropiarse de esa tensión y hacerla presente.
La cultura es una producción colectiva pero también un conjunto de bienes que son apropiados privadamente. Es ingenuo ignorar el proceso de privatización que sufrieron tanto las artes como el trabajo del artesano y los modos tradicionales de expresión comunitaria. La cultura está atravesada por la lógica de la sociedad de consumo en la que se producen bienes para mercados determinados, segmentados, formateados y construidos históricamente. Sin estar sobredeterminada, la cultura está marcada por los sistemas de producción, circulación y consumo que le dan las condiciones de posibilidad.
Como el sujeto de toda política pública debe ser el pueblo, lo que debemos proteger con una ley de las culturas es la circulación federal, igualitaria y desconcentrada de la producción cultural.
Nuestra ley debe permitir que se revierta el camino de adecuación de los bienes culturales a la demanda del mercado comercial. Necesitamos pensar qué está pasando con gran parte del cine, de la literatura, de la música, de las revistas, pero también qué pasa con el mercado “emergente” de las artesanías o la “modernización” de los productos artesanales. Es necesario que el Estado se constituya en un actor fundamental para desarticular los sistemas hegemónicos de representación y facilitar la circulación de discursos que propongan la emancipación ante tanta propuesta adocenada. Repensar la idea de producción cultural como bien de uso y no de cambio.
Revisemos un concepto que entrama un problema en su propia polisemia: “Industria cultural” .La Argentina tuvo una experiencia exitosa al fomentar el encuentro de productores con compradores, tanto de mercados locales como internacionales. Éxito en cuanto al peso en el PBI y la cantidad de trabajo generado por el sector cultural de la economía. Pero esta misma lógica favorece la afirmación del producto cultural como objeto de consumo y la reproducción de un sistema de adecuación de la obra a la demanda del mercado.
La industria cultural aparece así como la afirmación de un statu quo, la consagración de un modo de producción y circulación, mientras que la producción artística y cultural debe ser la negación y ruptura de cualquier cristalización del orden. Debe ser el núcleo del pensamiento crítico y como tal creador de prácticas vitales que supongan procesos emancipadores. Hay un problema cuando el arte se hace institución. Cuando los discursos del arte se instalan como formas de la verdad dominante.
El marco generado por esta ley deberá contener a la vez a copleras y satélites. Tendrá que canalizar el encuentro de las voces con sus comunidades sin mediación institucional y reglar el trabajo legal y digno de miles de trabajadores. Por eso, no debemos perder de vista la exigencia de acceso del pueblo a la cultura, tanto como la voluntad disruptiva de toda forma de arte. Un valor esencial de la cultura reside en la experiencia colectiva en el espacio público. Allí, obra y hombre quiebran la separación de la experiencia cultural de la vida cotidiana. Así, la cultura se constituye en una experiencia productiva, emancipadora y creadora de un nuevo lenguaje social. Restituir esa experiencia integradora es un modo de reponer el carácter transformador de la cultura.
La ley y quienes la implementen deberán hacerse cargo de estas tensiones. Las que surgen de las tendencias creadoras disruptivas con la necesidad de reproducción de las tradiciones identitarias, las promovidas por la necesidad de un mercado laboral estable con la negación de la instalación de la obra como producto de mercado. Deberán asumir la inevitable contradicción entre el arte y su lucha por hacerse un lugar en la sociedad del espectáculo.
Lo que viene debe dar espacio y cauce a esas formas de producción y pensamiento, ponerlas en conflicto. Se trata de permitir una relación dialéctica entre la idea positiva de la cultura y la negatividad creativa del arte. Hacer que esa relación permita funcionar esta máquina imperfecta de voces que suenan, resuenan y, al hacerlo, producen nuevos sonidos.