Paraguay: la libertad de expresión en tiempos de la concentración mediática
Por César Centurión
El 26 de abril se conmemora en Paraguay el Día del Periodista en homenaje a la publicación del primer número del diario El Paraguayo Independiente, en 1845, durante el gobierno de Carlos Antonio López. Este fue un órgano de defensa de la independencia nacional y su principal redactor fue el propio presidente López. Asimismo, un 26 de abril, pero de 1991, fue asesinado en Pedro Juan Caballero el periodista Santiago Leguizamón a mano de sicarios al servicio de la mafia. El crimen fue cometido en represalia a sus denuncias contra el narcotráfico y sus vínculos con altas autoridades del Estado.
En mayo de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó estudiar el caso de Leguizamón por violaciones del derecho a la vida, a la libertad de expresión y a las garantías y protección judiciales. El acto que se realiza cada 26 de abril frente al monolito de Santiago Leguizamón sobre la avenida Carlos Antonio López se trasladó este año frente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) exigiendo que la cartera de Estado haga cumplir las leyes laborales.
Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), explicó que las reivindicaciones principales de este año son la contratación colectiva y las mejoras salariales no solo para los periodistas, sino para todos los trabajadores de prensa en su conjunto. Agregó que a raíz de la profundización de la concentración mediática existe mayor precarización laboral, pues los periodistas, fotógrafos y camarógrafos deben generar contenidos para dos, tres o hasta cuatro medios por el mismo salario o con compensaciones extras inferiores a los valores de mercado. Esto, al mismo tiempo, reduce las opciones de empleo para los estudiantes de comunicación que se gradúan cada año al tiempo que presiona los salarios para abajo.
La libertad de expresión y los medios concentrados
Si bien la Constitución Nacional otorga amplias garantías para el libre ejercicio del periodismo, el principal obstáculo que enfrentan a diario los periodistas para realizar su trabajo y ejercer su derecho a la libertad de expresión son los propios propietarios de medios. Estos en su mayoría son empresarios que también tienen medios y con sus empresas participan en casi todas las ramas de la economía, incluyendo los circuitos ilegales. Por ello, la labor informativa de sus medios está subordinada a motivaciones de orden económico y político, por lo que no hay mayor espacio para la pluralidad de opiniones ni para visibilizar las demandas de la mayoría de la población.
En este sentido conversamos con cuatro periodistas que trabajan en La Nación, ABC Color, Última Hora y Canal 9. Esta nota desde el principio fue concebida como un diálogo con fuentes reservadas, por lo que ninguno de los entrevistados habló a condición de anonimato.
La Nación (Grupo Cartes). Nuestro entrevistado afirmó que los espacios se van cerrando cada vez más a las demandas del campo popular como las organizaciones sindicales, campesinas y de poblaciones vulnerabilizadas como las que habitan en los Bañados. A pesar de que el anterior propietario, Osvaldo Domínguez Dibb, era de la misma línea política y económica, con la adquisición de parte del grupo empresarial del presidente Horacio Cartes se intensificó la autocensura y se quebró la línea de intentar mantener cierta ecuanimidad e independencia en el tratamiento de los temas, expresó. Esto se estableció con la orden de “bajar línea” a favor del gobierno intentando presentar la idea de un país que progresa, que construye viaductos, shoppings y que goza de credibilidad en los mercados internacionales resaltando el “gran interés” de los inversionistas en comprar los “bonos soberanos”. Sin embargo, celebró que aún existen los espacios de contestación inherentes al oficio y que algunos periodistas aún pueden hacer al menos “alguito” en medio de tanta presión. Además, aseveró que la propia ciudadanía está dando su veredicto, pues desde que el diario fue adquirido por Cartes –quien lo redujo a un órgano de propaganda gubernamental– las tiradas y las ventas han caído notablemente.
ABC Color (Grupo Zuccolillo). El periodista consultado señaló que la libertad de expresión en este medio es muy limitada por los intereses económicos y políticos de su propietario, Aldo Zuccolillo. En este sentido, dijo que el derecho a la información de la sociedad y la libertad de expresión son mínimas o inexistentes cuando se trata de asuntos que afectan al propietario del medio. Pero además de la presión directa que ejercen los directivos y jefes, indicó que también existe mucha autocensura por temor a perder el empleo. Añadió que cuando el propietario del medio toma un tema, se realizan campañas en las que no solo se proscriben las voces disidentes, sino que la información es directamente distorsionada. “La libertad de expresión es generalmente solo para los patrones”, reforzó.
Última Hora (Grupo AJ Vierci). La fuente de Última Hora subrayó que lo más importante es la integridad de cada periodista, la claridad de sus valores y su compromiso con la gente más que con la línea editorial o los intereses del dueño del diario. Enfatizó que en un medio los encargados de defender la línea editorial son los editorialistas y no los periodistas. Agregó que muchas veces son los propios periodistas los que se achican o quieren ganarse el favor de los jefes sin tener en cuenta que el máximo jefe es el lector. Por otro lado, reconoció que existen presiones en temas que afectan a Antonio J. Vierci, en particular en delitos que involucran a sus firmas como el ingreso de mercaderías de contrabando. Subrayó que se debe ofrecer al público información veraz y honesta haciendo constar las versiones de todos los actores que hayan tomado parte de los hechos relatados, dejando clara la diferencia entre la información y las opiniones.
Canal 9 (Grupo Ángel González). La fuente consultada en el Sistema Nacional de Televisión (SNT) sostuvo que a consecuencia de la concentración mediática y la formación de conglomerados se producen modificaciones unilaterales en los contratos de los trabajadores. Puso como ejemplo que muchos están contratados por Canal 9, pero deben realizar tareas para Paravisión (Canal 5), TV Sur, Paraná TV, RQP 94.3 FM y desde hace poco tiempo también para un nuevo canal, 9 Noticias. Todos estos trabajos se realizan en un contexto de precarización y sin ninguna compensación extra, aseguró.
Publicado por Resumen Latinoamericano
Notas sobre el tema
Paraguay: Concentración mediática afecta libertad de expresión
Gremios de periodistas y comunicadores presentarán el viernes 2 de diciembre un detallado informe sobre cómo la concentración de medios de comunicación afecta la libertad de expresión en Paraguay
La audiencia especial concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permitirá interpelar al Estado Paraguayo para que adopte medidas concretas con relación a esta situación.
La audiencia fue solicitada por el Sindicato de Periodistas del Paraguay, el Foro de Periodistas Paraguayos y la Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Paraguay,
La presentación estará a cargo de Santiago Ortiz, secretario general del SPP, y del abogado Dante Leguizamón, en representación de las tres organizaciones de comunicadores y de familiares de víctimas de periodistas asesinados.
La audiencia se realizará en el marco del 159° periodo ordinario de sesiones que se celebra en la ciudad de Panamá el viernes a las 11:00 a.m, en el Hotel Radison Decapolis, sede de las sesiones de la CIDH, en Panamá.
El informe aborda tres temas: la inseguridad y violencia como amenazas para el trabajo de los periodistas, la concentración de medios en manos de pocos sectores y del entorno gubernamental y la discriminación y dificultades para el reconocimiento de las radios comunitarias y medios alternativos;
Inseguridad, violencia e impunidad amenaza labor de periodistas
En la solicitud de audiencia ante la CIDH se denuncia que “la situación de la libertad de expresión en Paraguay se encuentra marcada por un alto grado de impunidad de los crímenes perpetrados contra periodistas.
A ello se agrega la falta de políticas públicas de prevención y protección para el ejercicio del periodismo, la concentración de medios masivos de comunicación en pocas manos y la falta de una ley de servicios de comunicación audiovisual que garantice la diversidad y el pluralismo.
También se observan las excesivas limitaciones a las radios comunitarias y que no están acordes a los estándares internacionales de derechos humanos.
Desde el 1991 se han asesinado a 17 periodistas por el ejercicio de su oficio en Paraguay y el 40 por ciento de estos asesinatos han ocurrido en los últimos 3 años y se encuentran impunes.
Además de los asesinatos, en Paraguay se han incrementado las amenazas y agresiones contra periodistas, especialmente por denunciar el narcotráfico y sus vínculos con políticos y policías locales.
La mayoría de los crímenes se producen en las zonas fronterizas con el Brasil, regiones donde se desarrollan actividades ilícitas del tráfico de drogas asociadas a países vecinos como Brasil y Argentina.
Justamente la denuncia de este tipo de hechos son los que desencadenan las amenazas y los asesinatos.
Las propias autoridades paraguayas reconocen la penetración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad y un informe final de la Comisión Bicameral el 70 por ciento de la Policía Nacional estaría infiltrada por el crimen organizado.
Las redes criminales financiadas por el narcotráfico han permeado sectores del poder político, desde el nivel local hasta el nacional, añade el citado informe.
Concentración, discriminación y dificultades para reconocer radios comunitarias y medios alternativos
El documento presentado ante la CIDH sostiene que en los últimos años se ha incrementado la concentración de medio de comunicación en pocas manos.
Si bien la Constitución paraguaya rechaza el monopolio de medios de comunicación, sin embargo, no se refiere al oligopolio o al acaparamiento de medios de comunicación, aspectos que han sido motivo de debate público.
Existen cuestionamientos acerca del rol de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). entidad encargada de la supervisión y el control efectivos de la concentración de medios en Paraguay.
La CONATEL es cuestionada por darle mayor relevancia a la eficiencia económica dentro del mercado de las telecomunicaciones, antes que privilegiar la pluralidad de perspectivas, necesaria en una sociedad democrática.
El acceso de las radios comunitarias al espectro radioeléctrico ha sido menoscabado a pesar de que la Ley de Telecomunicaciones reconoce su presencia.
Existen un conjunto de obstáculos legales que impiden en la práctica el funcionamiento de los medios comunitarios, y además son objeto de persecución policial y decomiso de equipos.
Una reforma a la Ley de Telecomunicaciones en el 2011 restringió la potencia y el alcance de las radios comunitarias y se ha prohibido la utilización de la publicidad y otras fuentes de financiamiento.
Los procesos administrativos para obtener las licencias correspondientes están cargados de formalismos innecesarios y se prolongan por tiempos irracionales o simplemente no se adjudican las mismas, empujando a las emisoras a la ilegalidad.
De otro lado, Paraguay no cuenta con ninguna ley de servicios de comunicación audiovisual que organice democráticamente los espacios de radiodifusión, que regule la concentración de medios y garantice la participación de todas las voces y la sociedad.
Informe de fondo: caso Santiago Leguizamón
Los gremios de periodistas y comunicadores respaldan e impulsan el informe de fondo en la causa 13030 sobre el caso de Santiago Leguizamón, periodista acribillado por sicarios de la mafia en abril de 1991.
El informe solicita a la CIDH que admita la violación por parte del Estado Paraguayo del derecho a la vida, a la libertad de pensamiento y expresión y a la integridad personal; garantías judiciales y protección judicial.
Los demandantes piden a la CIDH que recomiende al Estado paraguayo disponer la reparación integral de los derechos afectados y que en el caso de que no cumpla con dichas recomendaciones, se someta el caso a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Publicado por Servindi
“Tomamos nota sobre la cantidad de medios que tiene el propio presidente”
Gustavo Gómez (uruguayo), del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), es uno de los tres expertos contratados por la Unesco (siglas en inglés de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) para elaborar un estudio acerca de la concentración de medios y la libertad de expresión. El avance se presentó el mes pasado en Asunción, durante las Jornadas de Celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, organizadas por la Mesa Interinstitucional para la Seguridad de Periodistas. Gómez también trabaja en un informe técnico solicitado por la Unesco sobre la situación de Paraguay en cinco áreas vinculadas con la libertad de expresión. Esta investigación en un par de meses se publicará en un libro. Conversamos con él sobre el contenido del documento y la situación del presidente Horacio Cartes, cuyo grupo empresarial adquirió varios medios.
–¿Qué se puede resaltar del informe sobre Paraguay?
–Estamos todavía en etapa de procesamiento de la información reunida. Pero los entrevistados marcaron preocupaciones en algunos de estos puntos. Por ejemplo, en el ámbito de los medios comunitarios, la existencia de un marco legal discriminatorio que no cumple con los estándares internacionales en la materia.
La existencia de medios públicos, en particular en televisión a partir del 2011, desde el punto de vista institucional tampoco cumpliría con los estándares. No tienen las previsiones institucionales para darle independencia de parte del gobierno de turno. Son coincidentes las informaciones respecto a una fuerte concentración mediática, particularmente en la televisión, con la existencia de básicamente tres grupos económicos multimedia.
–Entre ellos, está el presidente de la República…
–Esta es una problemática que a Unesco le importa mucho. Que no haya diversidad o pluralismo en una democracia es una afectación muy grave. Todos los ciudadanos deben estar informados debidamente. Los índices de concentración son muy elevados en Paraguay, con el agregado además de que estas empresas tienen intereses en otras áreas de la economía. Es decir, no solamente son multimedios, sino que tienen intereses en otras áreas, y eso confunde a lo que está detrás de las coberturas periodísticas, o genera dudas sobre estas.
Observamos la necesidad de una profunda revisión de los estatutos de Conatel, un organismo clave, porque aplica la legislación en la materia y no tiene la salvaguarda suficiente para evitar interferencias gubernamentales. También tomamos nota de la cantidad de medios de comunicación que tendría el propio presidente de la República a través de familiares o testaferros. En la Conatel el presidente de la República elige a los directores, lo cual no da las garantías de autonomía e independencia que debería tener una entidad que maneja la complejidad y la sensibilidad de un área como la de los medios de comunicación.
–Con respecto a los países de la región, ¿cómo estamos en Paraguay en cuanto a concentración de medios?
–Estamos ante una situación que está presente en varios países de la región. Yo diría una concentración muy fuerte, que tiene muchos años, que se encuentra consolidada, y que además está creciendo.
Los pocos grupos de medios que tienen concentración están adquiriendo más, o sea, están adquiriendo nuevos medios o están pasando a tener además empresas de telecomunicaciones o, al revés, empresas muy importantes de telecomunicaciones que se vuelvan al mercado de la televisión. Son incluso mucho más poderosas que las nacionales que concentran también muchos medios.
El estudio lo que busca es generar algunas recomendaciones a los Estados parte de la Unesco de modo que, si no se puede revertir la situación, por lo menos evitar que aumente. Creemos que la legislación en América Latina es muy pobre y débil en este sentido. No hay voluntad o condiciones para hacer cumplir la ley.
–¿Se refiere a las leyes antimonopolio?
–En todos nuestros países tenemos leyes que establecen límites a la cantidad de frecuencias que puede tener una persona. Pero todos sabemos que eso en la realidad no funciona. Paraguay de hecho tiene la limitación de una sola televisora por empresa y todos sabemos que a través de testaferros, familiares, adquieren más medios de lo que deben. Es una regulación que debe revisarse urgentemente, si pensamos que tiene que haber una diversidad y pluralismo en nuestros sistemas de medios.
Tampoco funciona bien la contracara: facilitar el acceso a más y a nuevos operadores.
–¿A qué se refiere?
–A la regulación. A veces el espectro radioeléctrico es suficiente para nuevos actores. Pero, por ejemplo, con la televisión digital se ponen pretextos técnicos para evitar el ingreso de nuevos actores, comunitarios o comerciales, que puedan competir y dar más diversidad frente a los actores que ya están en el mercado.
–¿Cómo afrontar una situación como esta, si ya hay un proceso de concentración consolidado de años?
–El problema de la concentración de medios es que es además una concentración económica y política. Son personas o empresas que se acostumbraron a esos privilegios, que no quieren soltar, y que se oponen al concurso de otros actores. A la hora de buscar algunas alternativas, están desde cuestiones como transparencia hasta condiciones que se les ponen a estos agentes dominantes para permitir que su peso no sea tan determinante en la sociedad. Hay ejemplos en el mundo de desinversión. Cuando se pasa determinada cantidad de medios, hay que desinvertir, devolver esos medios, venderlos.
–¿Como hizo la Argentina?
–Es lo que intentó Argentina y es lo que intenta Uruguay con una ley de medios. Y hay ejemplos también en Brasil y en México. Desinversiones o división en la propiedad para que no haya concentración. No se los expropia, pero se les pide que adecuen su propiedad a los nuevos límites establecidos.
Hay una serie de medidas prácticas que tienen que ver con cómo potenciar a los nuevos que entran o quieren ingresar a este ámbito. En México, cuando a los dominantes no se puede hacer desinvertir todo lo que deberían, se les ponen condiciones más onerosas que a los que no tienen poder. Si se tiene un servicio de televisión por cable, se le pide que transporte gratuitamente a otros servicios de televisión.
Si el grupo tiene una situación dominante en un mercado, no puede comprar derechos de exclusividad en la transmisión de fútbol. Entonces, no hay expropiaciones, pero se le ponen condiciones para que el peso de dominanza no sea tan fuerte frente a otros competidores. Aun cuando se permitan nuevos operadores y frecuencias, es solamente un primer paso, porque los que están ya tienen 40/50 años.
Ya hay una marca instalada, anunciantes capturados, y gente que está acostumbrada a sintonizar tal o cual medio. El que entra, lo hace con un desbalance, por lo que no podrá sobrevivir si no hay un Estado que apoye efectivamente la pluralidad.
Publicado en ÚltimaHora
Voces Paraguay dice que es un atentado a la democracia propuesta del gobierno a propietarios de medios
VOCES Paraguay (Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos) emitió un pronunciamiento ante la propuesta formulada por el gobierno nacional a los propietarios de radios del interior del país para tener “vinculo político comercial”. El gremio señala que la acción del gobierno de Horacio Cartes representa un golpe a la cultura democrática, al derecho de expresión e información ciudadana, a la dignidad y libertad del periodista.
VOCES Paraguay denuncia la utilización del ente regulador y aplicador de la Ley de Telecomunicaciones y normas relacionada a la comunicación, violando elementales principios de bien público, normas institucional de independencia y ecuanimidad entre otras.
En esta semana se hizo público un encuentro mantenido entre el vicepresidente de la República, Juan Afara, con dueños de estaciones de radio a fin de establecer pautas estatales a cambio de difundir en los medios las “buenas noticias” del Gobierno.
A continuación el texto completo de dicho pronunciamiento:
ATENTADO A LA DEMOCRACIA
Ante la propuesta de “VINCULO POLITICO COMERCIAL” realizada por el Vicepresidente de la republica Sr. Juan Afara a propietarios de radioemisoras del interior del país en reunión de día 8/02/2017, con presencia del Presidente del Partido Colorado, y representantes de SICOM (Secretaria de Comunicación) y CONATEL (ente regulador de las comunicaciones), VOCES Paraguay tiene el deber de manifestar cuanto sigue:
Los pilares fundamentales de la democracia son la libertad de expresión, de pensamiento y de organización, la diversidad en la propiedad de los medios y el pluralismo en la producción y emisión de contenido e información. Para VOCES Paraguay (Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos), la propuesta realizada por el Vicepresidente a propietarios de radios comerciales del interior representa un golpe a la cultura democrática, al derecho de expresión e información ciudadana, a la dignidad y libertad profesional del periodista.
El propósito del gobierno de emular otrora practicas stronistas como la “voz del coloradismo” y la “cadena nacional de emisoras”, no es sino un intento de instalar el pensamiento único, uniformando, controlando y direccionando un poder supremo que no admite critica ni disenso. Nada más parecido a prácticas fascistas que se supone perimido a esta altura del tiempo.
VOCES Paraguay denuncia la utilización del ente regulador y aplicador de la Ley de Telecomunicaciones y normas relacionada a la comunicación, violando elementales principios de bien público, normas institucional de independencia y ecuanimidad entre otras. Esta componenda hace sospechar que CONATEL tendrá especial deferencia con las “emisoras amigas”, favoreciendo impunidad, facilitando licitaciones, promoviendo desigualdades, favores políticos, etc. Exigimos revertir está equivocada y dañina intención, promoviendo más bien políticas de participación ciudadana en el debate público de construir una sociedad democrática que necesitamos y anhelamos.
Exigimos política nacional de comunicación y ley de servicios de comunicación audiovisual que reconozca el derecho de información y comunicación, garantice la libertad de expresión en igualdad y sin discriminación, la diversidad y pluralidad en la producción de contenido e información, evite el monopolio y oligopolio de medios.
Finalmente, reiteramos que la libertad de expresión, el disenso y la crítica son pilares fundamentales de la democracia; cualquier intento de restringir estos y otros derechos humanos, sociales, culturales, cuanto menos debilitara la democracia, la justicia social, la igualdad, el desarrollo equitativo de toda la sociedad paraguaya.
9 de febrero de 2017
VOCES Paraguay
Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Paraguay