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Publicado en Publimetro

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México bajo fuego

POR ISMAEL BOJÓRQUEZ PEREA

Hasta la muerte de Javier Valdez, en Ríodoce pensábamos que éramos inmunes. Habíamos navegado este barquito de papel durante casi 15 años solo con raspaduras leves y amenazas de hundimiento que no pasaron de ser sacudidas en medio siempre de un cielo borrascoso, por muchas razones. De hecho fuimos objeto de bromas y comentarios perniciosos en el sentido de si habíamos pactado con los narcos para trabajar como lo hacíamos, publicando notas que nadie se atrevía a investigar.

No nacimos para escribir sobre narcotráfico, pero no se puede hacer periodismo en Sinaloa, entidad donde han nacido y donde se han desarrollado los más grandes capos de las drogas en México y ahora en el mundo, sin toparte con el tema en cada esquina.

Toda la vida política y social de Sinaloa está permeada por el narcotráfico: la economía principalmente, la agricultura, la vida nocturna, la Iglesia, la política, la administración pública, la educación y la cultura. La biblioteca más grande que hay en Culiacán, por ejemplo, y que pertenece a la prestigiada Universidad Autónoma de Sinaloa, fue construida con aportaciones del narcotraficante Miguel Félix Gallardo, preso desde 1989, acusado de participar en el crimen del agente de la dea, Enrique Camarena.

El dinero del narcotráfico fluye en Culiacán como el agua por sus tres ríos. En una de sus calles se inspira el personaje principal de La reina del sur, de Arturo Pérez-Reverte. Teresa Mendoza empieza comprando dólares sucios para ingresarlos a la banca y termina como jefa de un poderoso cártel del narcotráfico.

Nacimos en 2003, año electoral, y desde los primeros números el tema del narcotráfico gravitó en nuestras ediciones, pues algunos candidatos estaban emparentados con conocidos narcotraficantes, y así lo dijimos. Javier Valdez escribió, desde el primer número, una columna que se llamó Malayerba. Sus textos estaban basados en hechos de la vida real, siempre ligados al narcotráfico y al crimen, pero narrados con una prosa singular, que encajaba en lo que algunos llaman “periodismo literario”.

En su quinta entrega de la columna, Javier recreó la tradición del narcotraficante Ismael Zambada García, “el Mayo”, en sus fiestas de cumpleaños, cuando ofrecía 100.000 pesos a la pareja de invitados que más aguantara bailando sin parar. Era una competencia extravagante en la que poco a poco las parejas se iban retirando hasta que quedaba la última, ya desfalleciente.

Sabríamos después que su hijo mayor, Vicente Zambada Niebla, ahora preso en Estados Unidos, se molestó mucho cuando leyó la columna sobre todo por la irreverencia de habernos metido con “el viejón”. Pero no pasó de ahí.

Las generaciones del caos

Siempre pensamos que hacer periodismo en Sinaloa tenía una ventaja sobre nuestros colegas de Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, donde operan cárteles o bandas de narcotraficantes que no tienen la escuela del cártel de Sinaloa. Hasta hace una década, por lo menos, los narcos de esta tierra eran narcos “puros”, pues solo se dedicaban al trasiego de drogas hacia Estados Unidos, principalmente de la marihuana que se produce en abundancia en nuestros valles y montes, y de la cocaína que viene de Colombia, Bolivia y Perú.

Pero los viejos liderazgos se han venido acabando, unos porque han muerto, otros porque están presos y los menos porque viven en un aparente retiro. Así que la conducción de las organizaciones criminales de tradición –por llamarlas de algún modo– está en manos de hombres muy jóvenes que se adaptaron rápidamente a las demandas de un mercado multicriminal que incluye la producción de drogas sintéticas –básicamente para proveer el mercado local en lo que se llama el narcomenudeo–, el robo de autos, la trata de blancas, el robo de gasolina y, más allá, a extorsión y el cobro de piso. Esto ha producido una atomización del mundo delincuencial en el país con cárteles de la droga, pero con reglas más laxas en cuanto a su actividad en las calles. Hay líderes muy claros en el Cártel de Sinaloa y en el Cártel de Jalisco Nueva Generación, las dos más grandes organizaciones en México con tentáculos comerciales y financieros por buena parte del mundo. Pero el resto del país está en manos de organizaciones que tienen mandos por estados y/o ciudades, municipios y pueblos, todos peleando por garantizar el control de sus pequeñas parcelas y explotando al máximo toda clase de negocios ilícitos.

La única disputa por liderazgos que hubo recientemente en Sinaloa –con sus secuelas de sangre y muerte– acaba de terminar con la aprehensión de Dámaso López Núñez y la posterior entrega de su hijo, Dámaso López Serrano, a la dea en una garita de la frontera con Estados Unidos.

Los Dámaso les disputaron a los hijos de Joaquín Guzmán Loera el control de la organización que dejaba el Chapo luego de su aprehensión, pero no tenían ni la experiencia ni el dinero ni las armas para ganar una guerra y fueron sacados de la pista.

Fue en el marco de esa guerra que asesinaron a Javier Valdez. Los hijos del Chapo, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, acusaron a Dámaso López, “el Licenciado”, de haberlos atacado a balazos cuando los citó a una reunión. Lo hicieron a través de una carta que enviaron a un prestigioso noticiero de radio en cadena nacional y Dámaso respondió con una entrevista concedida a Ríodoce, cuyas notas no pocas veces han tenido impacto nacional e internacional.

Los hijos del Chapo se enteraron de la entrevista y presionaron al propio Javier y a los directivos para que no fuese publicada. Se les negó la petición y luego propusieron comprar todo el tiraje pero también recibieron una negativa. Y entonces compraron masivamente los ejemplares recorriendo las tiendas y cadenas comerciales donde el semanario se expende.

No repetimos la impresión pero publicamos la entrevista en nuestro sitio web y en redes sociales.

Esto generó un ambiente de mucha tensión en Ríodoce al grado que pensamos sacar a Javier de la ciudad. Por esos días asesinaron a Miroslava Breach, la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, y Javier, también corresponsal de La Jornada pero en Sinaloa, fue llamado a la Ciudad de México para analizar su situación. Acordaron que se fuera a trabajar a otro estado pero nunca se concretó. Javier planteó el tema ante el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y estos le propusieron enviarlo a Perú o a Argentina, pero tampoco esta medida corrió con prontitud, sobre todo porque a Javier le costaba trabajo despegarse de su tierra y de su familia.

Hasta que ocurrió la gran tragedia de que fue asesinado, no sabemos por quién. Ubicamos perfectamente el contexto, de eso no tenemos ninguna duda, pero desconocemos quiénes jalaron el gatillo y quién ordenó el crimen.

Crímenes en la impunidad

México está ubicado entre uno de los tres países donde más mueren periodistas, junto con Siria e Irak. Una diferencia es que aquellas son naciones en guerra y México no. La otra es que la mayor parte de las muertes en aquellos países son accidentales y en el nuestro inducidas, la mayoría son ejecuciones, muchas de ellas previa tortura.

Por ello el drama que vive el periodismo es mayor. Nadie investigaría la muerte de un periodista que pierde la vida durante un bombardeo o en el fuego cruzado de dos fuerzas regulares, pero sí el que es ejecutado por fuerzas oscuras, como la mayoría de los casos que ocurren en México. Sin embargo, nadie reivindica esos crímenes.

Entonces, al drama de la violencia que acosa a los periodistas mexicanos hay que agregarle la impunidad con que se perpetra un asesinato, porque en el 99,7 % de los casos, según se ha documentado, los crímenes no se castigan. De esta forma se reproduce el problema, porque el que mata o manda matar a un periodista sabe que no será castigado.

Según los datos de la organización Artículo 19, al menos 80 periodistas han sido asesinados de 2006 a la fecha, pero además se han registrado cientos de agresiones a periodistas en todo el país, que pueden ser amenazas e intimidaciones provenientes, en su mayoría, de alguna institución de gobierno o de personas relacionadas con ellas.

El gobierno ha reaccionado tarde y mal ante el problema. En julio de 2010 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), pero los ataques a periodistas no cesaron. Tampoco hubo una disminución en los niveles de impunidad.

De acuerdo a una investigación reciente del portal de noticias animalpolítico.com, que obtuvo datos oficiales de la propia Feadle, de julio de 2010 a diciembre de 2016, esta dependencia registró 798 casos de agresiones contra periodistas, de las cuales 47 fueron por asesinato. La misma Feadle aceptó que de este universo solo tiene registradas tres sentencias condenatorias. Es decir, prácticamente el 100 % de los casos permanece impune.

Ante la presión de organismos internacionales, y con el propósito de brindar protección a periodistas, el gobierno federal creó en julio de 2012 la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que llevó a la creación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sin embargo, ni la Fiscalía ni el Mecanismo detuvieron la cacería de periodistas en nuestro país. La Fiscalía no tiene recursos para investigar porque su presupuesto es muy pequeño y el Mecanismo no generó iniciativas para proteger periodistas que estaban en riesgo. Solo en Veracruz han asesinado a 20 periodistas desde la creación del Mecanismo.

A partir del asesinato de Javier Valdez y por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el Mecanismo ordenó la creación de unidades de análisis de riesgo en cada entidad de la república, con el apoyo de los gobiernos estatales. Se trataría, dicen, de detectar casos de peligro y proteger a las posibles víctimas. A casi tres meses de la instrucción, poco o nada se ha avanzado.

Publicado en Revista Arcadia

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