La tortuosa historia de la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) parece estar llegando a sus capítulos finales. El 5 de octubre, la Comisión Honoraria Asesora de los Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA) recibió un borrador de reglamentación. la diaria informó sobre los contenidos de ese borrador en su edición del 10 de octubre. Las organizaciones sociales, sindicales, académicas y empresariales que integran el organismo habían comenzado a analizar el texto, cuando llegó la noticia de que se trataba de una versión de reglamentación que no era la definitiva, y que había sido entregada por error. En una reunión de la CHASCA que tuvo lugar el 23 de octubre, un funcionario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) les explicó a los integrantes de la comisión que el borrador en cuestión era una propuesta del ministerio y que no era el texto definitivo. Les dijo que el documento estaba a estudio de Presidencia de la República y que habría una nueva propuesta en breve.

En la comisión, esta situación no cayó bien. El 30 de octubre, la Coalición por una Comunicación Democrática, que nuclea a organizaciones de la sociedad civil, trabajadores de la prensa y la academia, expresó mediante un comunicado su “asombro y malestar por las idas y venidas” en torno a la reglamentación. En particular, señaló su “asombro” porque el “error” les fue comunicado “por un funcionario y no por el director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones [Dinatel], como correspondería dada la gravedad del hecho”.

La coalición recordó que el plazo para concretar la reglamentación de la ley venció en junio de 2015 y que el conjunto de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la norma fueron laudados hace más de un año. “En última instancia, reclamamos que se actúe con la seriedad y el compromiso que los mecanismos de participación social como la CHASCA requieren”, remarcaron las organizaciones.

Gabriel Kaplún, representante de la Universidad de la República en la CHASCA, contó a la diaria que en la reunión del 23 de octubre el funcionario del MIEM les dijo que “había opiniones distintas entre Presidencia y el MIEM sobre la reglamentación, y que la reglamentación que habían subido había sido elaborada por el MIEM, pero que Presidencia tenía otra idea”. Recordó que la CHASCA definió entre sus principales temas de trabajo la reglamentación, a “propuesta del gobierno”. “Lo que sucedió fue bastante incómodo. Hay que tener en cuenta que hay un conjunto grande de organizaciones que trabajaron voluntariamente en el estudio de esa reglamentación y en la elaboración de comentarios, propuestas y sugerencias. Y nos encontramos con que todo ese trabajo es quizás inútil; hasta hoy no lo sabemos. Hubo gente que vino del interior, hubo gente que llevó este tema a los organismos de sus distintas instituciones, se movilizó un montón de gente y nos encontramos con que el presidente de la CHASCA, que es un funcionario del MIEM, no el director, nos comunica esto”, cuestionó. “Era algo que requería una disculpa, porque es un error muy grave”, acotó. Kaplún dijo que es una señal muy “inconveniente” no cuidar a la comisión asesora, que es el mecanismo permanente de participación de la sociedad civil previsto en la ley de SCA.

Encuentre las diferencias

El viernes, finalmente, el Poder Ejecutivo entregó a la CHASCA la versión definitiva de la reglamentación, que lleva las firmas de los ministros y del presidente Tabaré Vázquez.

En comparación con la versión del MIEM, el documento de Presidencia elimina algunas disposiciones que limitaban el rol del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA). Por ejemplo, se quitó un artículo que establecía que “la competencia de fiscalización y verificación del Consejo de Comunicación Audiovisual será de interpretación estricta, acotada a los poderes jurídicos dispuestos en dicha ley [de SCA]”, y otro que sostenía que “en ningún caso la competencia del Consejo de Comunicación Audiovisual de dictar normas e instrucciones particulares” podrá “ser interpretada como un poder de directiva respecto a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, y deberá aplicarse respetando los principios de libertad de expresión y no censura”.

La versión de Presidencia también suprime el visto bueno que se requería de la Suprema Corte de Justicia y del Colegio de Abogados de la lista de árbitros que resolverán en caso de diferencias entre agentes del mercado de los servicios de comunicación audiovisual. La versión definitiva sólo establece que la lista de árbitros “deberá ser aprobada por el Poder Ejecutivo”.

En materia de cuota pantalla, se eliminó la obligación de los titulares de servicios de comunicación audiovisual de remitir semanalmente su grilla de programación a los organismos reguladores a efectos de controlar si cumplen con los porcentajes mínimos de producción nacional de televisión. Además, se suprimió de la versión original un artículo que establecía que una hora de programas nacionales educativos o de ficción dirigidos específicamente a niños, niñas y adolescentes debía computarse como una hora y media a efectos del cálculo del porcentaje, y otro que disponía que una hora de repetición de programa se contabilizaba como media hora para el cálculo.

Sin integración

Otro organismo nuevo que prevé la ley de SCA es el Consejo de Comunicación Audiovisual, encargado de controlar la aplicación de la norma. El Poder Ejecutivo todavía no designó allí a su representante, que será el que presidirá el CCA y que debe ser nombrado directamente.

Los otros cuatro integrantes deben ser designados por el Parlamento. Hoy habrá una reunión de la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General, en la que se constituirá la comisión parlamentaria que elegirá a los integrantes del CCA.

Una vez constituida, esta comisión tendrá 15 días para recibir propuestas “en forma fundada”de precandidatos para integrar el CCA, que “deberán acreditar experiencia, calificación e idoneidad adecuadas para la función a desempeñar y en la defensa de los derechos a la libertad de expresión e información”. Luego tendrá un mes para recibir a los precandidatos y un mes más para proponer candidaturas. Finalmente, la Asamblea General, por mayorías especiales en primera instancia o por mayoría absoluta en segunda instancia, designará a los integrantes del CCA.

Publicado en La Diaria