YouTube bloqueó señales de TV en Argentina sin orden judicial previa
YouTube bloqueó señales de la TV pública y C5N en Argentina por denuncias de terceros, sin orden judicial previa
YouTube bloqueó el canal de la televisora comercial C5N la semana pasada y, en ésta, fue el turno de la señal de la TV pública. En ambos casos, a partir de denuncias de terceros por supuestas violaciones a derechos de autor, en decisiones que evidencian el poder de Google (dueña de la plataforma de intercambio de videos) como un “gatekeeper” que, a través de una regulación privada y sin debido proceso, como recomiendan los estándares internacionales en la materia, suponen un serio riesgo a la libertad de expresión y al acceso plural y neutral a Internet.
Si bien al cierre de esta nota los canales ya habían sido restablecidos, los casos resultan emblemáticos porque son decisiones que trascienden las afinidades políticas: -mientras que C5N tiene un perfil opositor al gobierno, la TV pública es el canal estatal. Ambas decisiones dejan al descubierto la falta de transparencia con la que operan las plataformas bajo sus propios mecanismos de regulación privada, sin ninguna condición que asegure el respeto a los derechos humanos.
En este sentido, la falta de reglas claras, control público y la ausencia de debido proceso son los riesgos que presenta el artículo 7 sobre “autorregulación” de intermediarios incluido en el proyecto sobre la “responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet” pendiente de votación en la Cámara de Diputados.
El artículo 7 reconoce expresamente, y sin restricción alguna, que cualquier empresa intermediaria podrá realizar el bloqueo y la remoción de contenidos así como la eliminación de perfiles y cuentas de usuarios, sin exigir el debido proceso, sin orden judicial, y por cualquier razón que libremente adopten las empresas, sólo por el hecho que un usuario haya incumplido sus términos de referencia o condiciones de servicio. De este modo, se aleja no solo de los Principios de Manila sino además de los estándares internacionales sobre libertad de expresión al habilitar la censura privada.
Al respecto, si bien los Relatores de Libertad de Expresión de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), David Kaye y Edison Lanza, manifestaron su apoyo general al proyecto de Ley argentino, también advirtieron sobre posibles riesgos para la libertad de expresión al consagrar la autorregulación si no se establecen condiciones para las corporaciones privadas.
En una intervención reciente en RightsCon 2018, Kaye cuestionó el modelo de autorregulación para las empresas de Internet y aseguró que deberían involucrarse en mecanismos de co-regulación. Además destacó la importancia del debido proceso (due diligence) y la necesidad de que las compañías de Internet profundicen su trabajo en materia de transparencia, entre otros aspectos.