Proyecto de ley de cine busca regular los contenidos

Proyecto de ley sobre Cine Peruano causa polémica por intentar regular su contenido

El proyecto de Ley sobre Cine Peruano N°2987/2017-CR —presentado por la fujimorista María Melgarejo—  ha generado gran polémica debido a uno de sus artículos en el que intenta regular el contenido del material audiovisual que podría concursar en convocatoria del Ministerio de Cultura.

En el artículo 9 del capítulo III, definido como “De los concursos para el desarrollo de la cinematografía y el audiovisual”, se hace hincapié en que la producción audiovisual no pueden incurrir en “apología del terrorismo”, sin embargo no define en qué consiste el punto, pues el Perú cuenta con diversas películas con contenido que explica —de diferentes ángulos— la época del terror que sacudió al país en los años 90.

“Los proyectos seleccionados no podrán incurrir en apología del terrorismo, se considerará un aspecto favorable para la selección de los proyectos que no enaltezcan ninguna forma de abuso, violencia física y/o psicológica u opresión al ser humano”, menciona el proyecto que cuenta con la firma de 14 colegas más de la bancada de Fuerza Popular.

Una de las películas más recientes que se ganó críticas positivas y premiaciones fue ‘La Casa Rosada’, obra póstuma del reconocido cineasta Palito Ortega Matute. En la cinta se retrata los traumas del terrorismo en los años 80 y 90 en las ciudades de la sierra peruana.

APRECI expresa preocupación 

La Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (Apreci) , a través de un comunicado, expresó su preocupación por el proyecto de ley de Cine N°2987/2017-CR.

“Consideramos que es muy subjetivo y ambiguo el término de apología del terrorismo y que se presta para la censura. Recordamos que hay varios ejemplos de películas peruanas que han narrado desde diversos ángulos la época de violencia interna como ‘La casa rosada’, ‘La última tarde’, ‘La hora final’, ‘Vidas paralelas’, entre otras”, se lee en parte del documento.

Apreci también argumentó que “condicionar la actividad creativa a este tipo de supervisión propuesta mermaría la riqueza expresiva de nuestro cine”.

Perú 21


¿Por qué el proyecto de ley de cine del fujimorismo es un mamarracho?

por Mónica Delgado

El pasado 8 de junio se ingresó el proyecto de ley 2987/2017–CR, “Ley para el Desarrollo de la Cinematografía y el Audiovisual Peruano” (sí, “audiovisual”), elaborado por la congresista María Cristina Melgarejo Páucar, presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso. El proyecto fue firmado por 12 parlamentarios fujimoristas y, recoge en sus trece artículos y disposiciones complementarias, diversos mecanismos que más que promover el desarrollo del cine local, busca, como señala su objetivo “establecer lineamientos y regular la actividad cinematográfica y audiovisual del país”. ¿Regular? ¿A qué se refieren? Veamos.

Este proyecto ha causado una gran polémica en la comunidad audiovisual del país porque en su artículo 4 propone que “(…) Los proyectos seleccionados no podrán incurrir en apología del terrorismo, se considerará un aspecto favorable para la selección de los proyectos que no enaltezcan ninguna forma de abuso, violencia física y/o psicológica u opresión al ser humano“. Esta es la parte más inaceptable del proyecto, porque es inconstitucional al vulnerar un derecho que está garantizado en la Constitución para todos los peruanos y peruanas, la libertad de expresión. Este punto comprueba una vez más la urgencia del fujimorismo por regular y censurar las expresiones artísticas y reconstruir sin ellas una nueva historia del país producto de su revisionismo y negacionismo, dando versiones alternas de los hechos más espeluznantes que vivimos hace algunos años. Pero debido a esta inconstitucionalidad, el proyecto debería archivarse. No se puede seguir dando curso a un proyecto cuyo objetivo principal sea regular contenidos, cuando la labor del Estado es promover, generar condiciones para que haya más cine, amplio y diverso, como consta en el proyecto del Ejecutivo, presentado al Congreso el año pasado, y que se debería estar discutiendo y aprobando.

El proyecto fujimorista menciona con recurrencia, y como paradoja, diversos términos como “descentralización cultural”, “democracia cultural” e “inclusión”, sin embargo, su pedido de censura en el artículo 9 echa por la borda su verborrea falsa. Artículo que comprueba la preocupación del fujimorismo por los contenidos de diversos films peruanos recientes que han abordado el tema de la lucha interna y que han sido subvencionados por el Estado, y sobre todo tras el estreno comercial de La Casa Rosada, del fallecido Palito Ortega, donde se pone en escena un punto de vista que acusa la barbarie causada por las FF.AA en Ayacucho a inicios de los años ochenta, o debido al surgimiento de un grupo de films que dibujan panoramas personales sobre el conflicto como NN, Magallanes, La Hora Final, o La última noticia, todas hechas con fondos públicos.

Así, con el mencionado artículo se busca regular no solo las prácticas de la producción, distribución y exhibición del cine sino moldear qué temas, estilos, estéticas los cineastas deben realizar y qué tipo de films los jurados deben premiar. El artículo es tan peligroso que una película de artes marciales, una comedia sobre boxeadores, un documental sobre dictadores de derechos humanos, sobre genocidas que esterilizan, o un simple film de horror donde ruedan cabezas no podrían postular a los concursos porque “enaltecen una forma de abuso, violencia y opresión al ser humano”.

Fujimorismo y el cine regional

Por otro lado, no podemos negar que este proyecto de ley recoge dos puntos que estaban siendo demandados por los cineastas regionales: el 60% de los recursos totales sean destinados para el cine de regiones, y la inclusión del 60% de técnicos peruanos en las producciones, inclusiones que no estaban en el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo, trabajado por la comunidad del cine y audiovisual junto al Ministerio de Cultura a lo largo de casi diez años. ¿Cineasta regionales liados al fujimorismo? La pregunta no se cae madura, pero sí me preocupa la posibilidad de que por querer obtener más presupuesto pongan en peligro o canjeen la libertad expresiva de los cineastas. Pero esto es solo una especulación, nada ingenua por cierto.

Si bien la propuesta elaborada por el Ministerio de Cultura es susceptible de mejoramiento, sobre todo en sus puntos relacionados con el cine regional, la cuota de pantalla, la ausencia de una cinemateca y los escasos recursos para la educación audiovisual y formación de públicos, el actual proyecto fujimorista deforma todos los pedidos y logra un condensado lleno de sinsentidos, debido a su mala redacción y al desconocimiento del sector público y de cómo se manejan los presupuestos.

Este proyecto de ley de cine del fujimorismo es un Frankenstein, ya que toma como “inspiración” diversos proyectos de ley (el del Ejecutivo, incluso los presentados por los congresistas de Nuevo Perú en 2017). Un ejemplo fácil lo encontramos en el artículo 1, que norma los requisitos para determinar si una obra es peruana o no. Piden cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos: que el cineasta, productor, coguionista sea peruano, que la empresa coproductora sea peruana, que la música sea peruana, que haya 60% de personal técnico peruano, y entre otros puntos, -oh vaya sorpresa- que la película sea hablada en castellano. Si yo fuera cineasta boliviana y no cumplo con ninguno de los requisitos solo el que dice que la película debe estar hablada en castellano, pues podría postular con mi proyecto. Risible. Pedro Almodóvar, Lucrecia Martel o Carlos Reygadas podrían postular a los fondos peruanos solo porque sus films están hechos en castellano, o si Spielberg pone un huayno o el Cóndor Pasa en algún film ya podría inscribir su film como peruano y postular a un fondo. Así de insólito y ridículo es el primer artículo de la ley. Pero sigamos mencionando qué más absurdos propone esta ley.

¿Cómo descentralizar el cine?

En el artículo 7, “Descentralización de la actividad cinematográfica y audiovisual” se señala que se asignará nos menos del 60% de los recursos para las regiones, de “forma descentralizada”, pero con las actuales políticas de descentralización del Estado Peruano, aún ineficientes para educación y salud, el pedido suena a letra muerta. Lo que seguiría es el actual centralismo, que el Ministerio de Cultura siga repartiendo los recursos desde Lima. Es decir, el problema no es el recurso, sino el modo en que lo proponen en el artículo, como parte de una descentralización, cuando debería ser un fondo para desarrollo del cine peruano en sí.

Por otro lado, el artículo 4 señala que “La formación, capacitación y especialización profesional será en cada uno de los departamentos del país, estableciendo y otorgando las funciones y recursos a través de las direcciones desconcentradas de cultura y en coordinación de los gobiernos regionales y municipalidades”. ¿Cómo se van a otorgar estas funciones a las direcciones del Ministerio de Cultura?, ¿con magia?, ¿qué rol van a tener los gobiernos regionales? Para lograr este punto se tendría que hacer una reforma de todo el aparato estatal, y claro, de toda la estructura del Ministerio de Cultura, que a diferencia de sectores como Salud y Educación, no tiene instancias de gestión en cada región. Por ahora no hay un marco normativo que avale este artículo, y encima para lograr la locura de que en cada región haya ¿una escuela de cine?, porque imagino que esos centros de formación no serán pues improvisados institutos en los segundos pisos de un chifa como nos había acostumbrado el fujimorismo. Este artículo es inviable. Ni Lima tiene una escuela de cine, siendo la capital del país y la cara del centralismo. Además reprime el derecho de que los cineastas regionales puedan perfeccionar su quehacer en cualquier escuela de cine del mundo.

En el artículo 6 se propone elaborar “El plan de fomento para el desarrollo del cine y del audiovisual” y que deberá ser multianual, cada tres años. Otro desliz, debido a que al plantearlo así cabe la posibilidad que durante ese lapso solo se “programe” un solo concurso, ya que actualmente se hacen tres concursos o más al año. Es evidente que se requiere un plan anual de fomento, pero sin un instituto del cine (no basta con un consejo consultivo burocrático como se propone), sin una entidad que se dedique especialmente a esta labor, todo quedará en el papel y podría poner una barrera al ritmo alcanzado.

Lo que sí nos queda claro, es que ante esta payasada de proyecto, demandemos que el Congreso retome el debate de la ley de cine pero a partir del proyecto trabajado por varios años por la misma comunidad cinematográfica y presentado el año pasado, y no perder el tiempo con estas insanías o abruptos legales, que desconocen el mecanismo estatal y los procesos y dinámicas del cine peruano.

Wayka


Karina, la (anti)influencer

por Santiago Roncagliolo

A finales de los años noventa, viajé a Ayacucho con un grupo de guionistas y dramaturgos, entre ellos Eduardo Adrianzén y Jaime Nieto. Una noche, paseando por la ciudad, dimos con un cine que anunciaba una película ayacuchana: “Dios tarda pero no olvida”. El director: un desconocido en Lima llamado Palito Ortega, como el cantante argentino. Por curiosidad profesional, entramos a verla. Y nunca olvidaré lo que encontramos dentro.

En la sala, más de mil personas entregadas aplaudían, reían a carcajadas, comentaban las escenas, saludaban a gritos las apariciones de los buenos e insultaban al villano, como a un enemigo personal. Para extraños como nosotros, su euforia constituía todo un misterio. La película había sido hecha con apenas US$10.000, en video, y sufría graves limitaciones técnicas. Muchos diálogos ni siquiera se escuchaban bien. Los actores exageraban.

Y sin embargo, después de un rato atónitos en un rincón de la platea, comprendimos el efecto: el público no estaba viendo una película. Ellos vivían esa historia. Reconocían el mundo que aparecía en la pantalla, porque habitaban en él. Ese director estaba contando el día a día de su gente como no podía hacerlo ninguna estrella de Hollywood con presupuesto millonario.

Palito Ortega produjo nueve películas más, muchas de ellas de terror, y falleció de cáncer en febrero pasado, justo antes del estreno de la última. Esta, “La casa rosada”, es una de sus cintas más políticas: trata sobre un profesor al que los militares confunden con un terrorista y torturan salvajemente durante los años de la violencia política. El nombre del protagonista, Adrián Mendoza, homenajea una mujer a la que Ortega conocía, y a la que invitaba a sus estrenos: Angélica Mendoza, líder de los familiares de desaparecidos.

Por todo eso, me indignaron los argumentos con que Karina Calmet pidió a los espectadores peruanos boicotear “La casa rosada”. La actriz escribió en Twitter: “No vayan a ver esta película. No cuenta la historia de lo que fue el terrorismo sino al revés. Los que hemos vivido esa terrible parte de nuestra historia debemos exigir que los medios no promuevan la apología”.

Afortunadamente, a Calmet le salió el tiro por la culata, y su tuit solo logró animar al público a ver la película. Durante toda la semana siguiente, las redes sociales y la prensa se han mofado con saña de su talento como “antiinfluencer”. Y más de un artista sarcástico le ha rogado en sus propias redes que por favor boicotee también su trabajo.

Aunque el monumental ridículo de Calmet es un alivio, no debe dejar de asustarnos que gente con su visibilidad –y su penoso nivel cultural– proclame que tiene la única verdad de nuestro pasado, incluso por encima de Ortega. ¿Qué autoridad tiene esta persona, qué ha hecho, a quién le ha empatado para acusar de mentir a un ayacuchano cuyos paisanos consideran un vocero y que ha hecho más películas sobre desaparecidos, como “El rincón de los inocentes”? Tan desinformada estaba Calmet que ni siquiera sabía quién era Palito Ortega. Creía que se trataba del cantante argentino, al que le había dado el extraño capricho de hacer una película sobre el Perú (¡No es broma!). Tampoco se le ocurrió revisar la información, por si acaso, antes de tuitear. ¿Con qué cara puede acusar a Ortega –o a nadie– de faltar a la verdad?

En las redes sociales, Karina Calmet tiene más de 570.000 seguidores. “La casa rosada” apenas supera los mil. A pesar de su vergonzoso desconocimiento, para centenares de miles de personas Calmet habrá tenido la última palabra en este debate. La ignorancia es atrevida, sobre todo si tiene ‘followers’.

El Comercio


Texto completo del cuestionado proyecto de ley