Defienden el diseño artesanal
Desde hace unos años, los señalamientos de piratería o apropiación de la iconografía tradicional de los pueblos indígenas en México han encontrado en las redes sociales una tribuna de denuncia. En la mayoría de esos casos, sin embargo, no se ha logrado más que provocar la indignación de los usuarios y señalar a los diseñadores de moda o las empresas que lucran con los diseños artesanales. Y aunque hay comunidades o colectivos que han emprendido batallas contra empresas en el terreno jurídico y han empezado a organizarse o a asesorarse para proteger sus creaciones, en otros países llevan décadas experimentando exitosos modelos de protección.
En Canadá, Australia y Nueva Zelanda, las comunidades aborígenes, con apoyo de sus instituciones y gobiernos, han creado marcas de certificación para proteger los conocimientos tradicionales y las expresiones de sus pueblos indígenas.
En Australia, esas marcas de certicación han sido registradas por la Asociación de Defensa de las Artes Indígenas Nacionales, una organización sin fines de lucro que se dedica especícamente a la protección de los derechos de los pueblos originarios y que promueve una “Etiqueta de Autenticidad”; en Canadá, las marcas de certicación que usan las Primeras Naciones abarcan desde productos alimenticios, indumentaria y artesanías, hasta servicios turísticos y empresas administradas por ellos.
En Nueva Zelanda, la Junta Maorí de las Artes (Te Waka Toi) lanzó desde hace más de 15 años la marca Toi Iho, una idea que nació desde 1936, cuando el líder y político maorí Āpirana Turupa Ngata planteó la importancia de crear una etiqueta de calidad y autenticidad para proteger las artes aborígenes de su pueblo.
Luego de décadas de discusión, la creación de esa marca legal comenzó en 1997 y tras años de elaboración y trabajo para lograr consensos, fue lanzada en 2002. Hoy, esa iniciativa que es reconocida como un modelo excepcional para los pueblos indígenas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es considerada la marca nacional de calidad y autenticidad para la cultura maorí.
Elizabeth Ellis, presidenta del Fideicomiso Caritativo de Toi Iho, que es la entidad legal que protege, administra y aprueba los trabajos que adquieren la certicación, señala que aunque se siguen registrando casos de apropiación cultural, la marca ha sido un instrumento crucial para la protección de sus creaciones, principalmente de las prácticas de piratería de países asiáticos.
“Los patrones y diseños particulares pertenecen a cada tribu. La apropiación indebida cultural es un problema crítico para nosotros. Lamentablemente, otros grupos culturales copian y venden descaradamente nuestras artes tradicionales y los productos se importan desde China, Taiwán, Corea. La marca indígena es una forma de identicar que los productos realmente son hechos por maoríes”, dice vía correo electrónico.
Apropiación, un problema real. La gestora cultural, quien ha colaborado con la OMPI en el diseño de modelos y medidas de protección para las artes indígenas y recientemente ha asesorado en el tema a habitantes indígenas de la Isla de Pascua (Chile), reconoce que en Nueva Zelanda las apropiaciones culturales están a la orden del día y que, tal como sucede en México y otros países, los diseñadores tienen puestos los ojos en los
trazos e iconografías aborígenes. Sin embargo, al tener un modelo legal, cualquier persona ajena a la comunidad debe pedir permisos para su explotación. “La apropiación es un problema muy real para los maoríes. Hemos tenido una casa de moda francesa de primer nivel solicitando permiso para usar nuestros patrones tradicionales en bufandas y, aunque apreciamos su acercamiento, no dimos nuestro permiso para que lo hiciera”, dice.
Estos modelos de certicación
Frecuentemente son citados como ejemplos de éxito por la OMPI para la protección del patrimonio y propiedad
intelectual de los pueblos indígenas. Sin embargo, según ese organismo internacional, su funcionamiento radica en gran parte en el nivel de organización y gestión de los artesanos y las comunidades interesadas.
Las marcas, un fracaso en México. En México, apunta el abogado José Manuel Hermosillo Vallarta, se han ensayado algunos modelos de marcas colectivas o denominaciones de origen, pero hasta ahora ninguno ha sido ecaz o suciente para proteger la propiedad intelectual de productos identitarios o de las creaciones de los pueblos indígenas.
“México, creo yo, es el más desprotegido en cuanto a propiedad intelectual. Mientras que países como Francia, Italia y España tienen entre 700 o mil denominaciones de origen, o China, que tiene más de mil, México cuenta con apenas 16 y sólo funciona la del tequila. México es parte de convenciones internacionales o de instituciones mundiales para la protección de la propiedad intelectual, como la OMPI, pero las leyes en el país no las hacen valer. La prueba está en la cantidad de empresas que están apropiándose de guras, ideas del arte popular que luego comercializan, y lo más triste es que no reconocen ni hay una sola cita al pie para decir de dónde se inspiran”, señala.
El problema, considera, está en el desconocimiento que los artesanos y artistas tienen sobre el tema; y en la falta de una política pública de las instituciones que deberían fomentar la protección del patrimonio cultural.
Por ello considera que la creación de marcas o certicaciones sólo funcionarían si se hace de una manera más estructurada. “Muchos dirán que cuesta caro, pero ¿quién es el rector de la cultura? el Estado, así que debería garantizar eso”, plantea el asesor e investigador jurídico en materia de cultura. El abogado, junto con los gestores culturales Carlos Lara y Carlos Arturo Martínez Negrete, ha trabajado recientemente en una demanda legal que artesanos de Tenango de Doria interpusieron contra Nestlé por supuesto plagio de una serie de diseños de tenangos. Con esa comunidad también emprendieron hace unas semanas diversas denuncias en redes sociales de casos de apropiación; ante la presión mediática, Liverpool, una de las empresas señaladas por comercializar un modelo de tenis con tenangos estampados, retiró los productos de la venta y rmó
un acuerdo de colaboración con la comunidad. Uno de los recursos que han usado en estos casos ha sido denunciar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos el despojo y apropiación de las creaciones indígenas como una violación de los derechos culturales, una vía que, según Carlos Lara, ha sido
poco explorada, pero que ha empezado a dar frutos tanto en México como en otros países, como Guatemala.
Guatemala y Colombia. A principios de este año, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al gobierno de ese país a tomar medidas de protección de las creaciones textiles y la indumentaria de las mujeres indígenas. El pronunciamiento de este organismo se da luego de un largo proceso encabezado por el Movimiento Nacional de Mujeres Tejedoras, en Guatemala, quienes desde 2017 han impulsado en el Congreso una iniciativa para reconocer la propiedad intelectual colectiva de sus tejidos.
Esta iniciativa, explica Sandra Xinico, una de las participantes en este movimiento, se da para frenar los constantes abusos de empresas de ropa y diseñadores de moda hacia el trabajo de las tejedoras, quienes incluso recibieron amenazas por parte de diseñadoras que les pedían derechos de exclusividad. “Tuvimos casos en que diseñadoras pedían a tejedoras no hacer réplicas o reproducciones de los tejidos que les habían vendido porque si no decían que podían ir a la cárcel; eso provocó que presentáramos ante la Corte una denuncia de inconstitucionalidad porque las leyes sobre protección de derechos de autor en Guatemala no incluyen la propiedad intelectual de los pueblos indígenas”.
La iniciativa, conocida como Ley 5247, es promovida por este movimiento de tejedoras que agrupa a diversos colectivos en ese país y su petición es que la ley de propiedad intelectual incluya también los tejidos y creaciones de los pueblos indígenas. Ese vacío legal y la falta de respeto hacia las creaciones de las tejedoras indígenas tienen también una carga discriminatoria, sostiene Xinico.
Uno de los casos que ejemplica esto, dice, son las bolsas Maria’s Bag, una marca creada por la ex miss Guatemala Alida Boer, quien usa diseños de huipiles guatemaltecos en costosas bolsas. En su publicidad, la rmas suele promocionar los bolsos como productos hechos por manos de “Marías” de Guatemala, término que en ese país es usado para hablar de las mujeres indígenas. “Referirse a las mujeres indígenas como ‘Marías’ es una forma racista que persiste para despersonalizarnos, no es posible que marcas que se supone que promocionan y usan esos textiles entren en ese discurso”, dice.
Tras la audiencia con la CIDH, la asociación de tejedoras tiene esperanzas de que la ley que impulsan se concrete para tener, por n, los instrumentos legales para decidir sobre el uso de su iconografía y sus textiles tradicionales.
En Colombia, de acuerdo con investigadores de la Ponticia Universidad Javeriana, no hay normas jurídicas que protejan especícamente las creaciones artesanales colectivas.
Según la investigadora Gloria Stella Barrera Jurado y sus colegas Ana Cielo Quiñones y Juan Carlos Jacanamijoy, el Estado colombiano ha impulsado Marcas Colectivas y denominaciones de origen, pero estas medidas otorgan “un derecho de explotación comercial individual, lesionando derechos fundamentales colectivos de los pueblos indígenas”.
Los investigadores, que han elaborado trabajos en torno a la protección de creaciones artesanales colectivas indígenas, consideran que una de las medidas que puede funcionar es otorgar a las comunidades autonomía para decidir libremente sobre la protección y uso de sus creaciones artesanales y su conocimiento ancestral, como lo han hecho artesanos del Pueblo Kamëntsá Biyá de Sibundoy, Putumayo. Este pueblo, explican, “ha
construido la Autonomía Artesanal como un camino posible de defensa y protección del territorio simbólico, la vida de las comunidades y su dignidad”. En 2011, en un Maniesto, declararon el carácter sagrado del conocimiento tradicional artesanal.
“Consideramos ese camino, el de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas una ruta efectiva para la defensa de lo propio, ainstitucional, contra-hegemónico y emancipatorio”, señalan