Artistas bolivianos advierten sobre decreto presidencial que atenta contra la libertad de expresión

Obra del caricaturista Javier Menchaca que satiriza al Gobierno. Fuente: Opinión

Artistas advierten que el Decreto 4231 es un peligro para la libertad de expresión

Por Erick Ortega

El Decreto Supremo 4231, que fue firmado el 7 de mayo por la presidenta Jeanine Áñez y su gabinete, causa alarma entre los artistas, que consideran que la norma es cuando menos un “peligro” para la libertad de expresión.

La norma establece en su artículo único que el Estado se hará cargo de los gastos de radioterapia y/o braquiterapia hasta el 1 de octubre de 2020 a favor de los pacientes con cáncer de escasos recursos económicos y que no cuenten con ningún seguro de salud. La única disposición adicional señala: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

El cuentacuentos Martín Céspedes explica que se trata de un precedente peligroso. “Es la primera vez, que yo recuerde o tenga entendido, que el Estado boliviano, que un gobierno se inmiscuya en el campo artístico desde el control de contenido”.

El muralista Javier del Carpio compara la medida con imposiciones dictatoriales. “Ahora más que nunca el pueblo tiene derecho de estar informado y a su vez, tiene derecho de desarrollar una cultura de lucha en contra de este tipo de imposiciones (…). El arte, a diferencia de los medios de comunicación, es una forma de expresión ligada a la psicología social; el ser humano no puede entender a cabalidad lo que vive, si no lo expresa a través de distintas manifestaciones, el arte como tal es crítico y refleja aspiraciones y objetivos, siempre desde el lugar que ocupa en la sociedad”.

El premio nacional de Novela 2019, Gabriel Mamani, también relaciona el decreto con una actitud totalitaria. “Creo que la disposición es coherente con el tono amenazante y disciplinario de todo lo que dice y hace el gobierno actual. Dicen que lucharon por la democracia, pero jamás toman en cuenta el diálogo, el consenso y la concientización, elementos básicos de cualquier régimen democrático. Solo amenazan, castigan, al más fiel estilo militar”.

Para el escritor, la medida no apunta a detectar información falsa; y es ambiguo y peligroso. “Se mete con el ámbito artístico y eso es jugar con fuego. ¿Una caricatura política puede generar ‘incertidumbre’? ¿La sátira puede ser castigada?”.

En este sentido, Céspedes dice que hay un “vacío” en el decreto. “Preservar la salud o la información respecto a la emergencia sanitaria no merecería ser un justificativo pertinente (recordemos que a nombre de Dios igual se hacen guerras santas). El artículo en cuestión parece ser un globo de ensayo para atentar, además contra la libre expresión en otros medios como el de redes sociales por ejemplo, ya que deja abierto el término escrito y lo separa de impreso (que aparentemente va dirigido más hacia la prensa o publicaciones)”.

El decreto

La intimidación no debería ser el camino a seguir, para el escritor paceño Rodrigo Urquiola. “Me parece que el término ‘desinformar’ es vago, lo suficiente para inculpar a cualquier persona que manifieste su descontento con ciertas políticas gubernamentales. Amenazar con castigar expresiones artísticas es atentar directamente contra los derechos humanos. ¿Por qué esa necesidad de gobernar a través del miedo? ¿Se quiere administrar un país del silencio, un país sin voz? ¿Cuál es el fin? Calla y serás el ciudadano que necesitamos, ése parece ser el mensaje de este decreto».

«Es cierto que vivimos en una época inusual, una en la que debemos permanecer en casa para cuidar nuestra salud y, por tanto, me parecería más saludable generar ideas para que las personas más necesitadas, aquellas que se ven obligadas a romper la cuarentena por buscar alimento para sus familias, puedan sentirse más protegidas. Así, los irresponsables llamados a romper la cuarentena quizás serían silenciados, sin necesidad de amenazar (la amenaza es violencia) a nadie”, complementa.

La actriz y gestora cultural Erika Andia lamenta la actitud estatal. “Pienso que los artistas no nos merecemos esta afrenta, no hay un antecedente de desinformación o de atentados contra la salud pública de parte de los artistas. Es más, los artistas hemos sido muy generosos con nuestro arte y hemos sostenido la salud mental y la esperanza de toda la población a través del arte en esta cuarentena y lo vamos a seguir haciendo”.

Ella califica a la norma como muy peligrosa para su gremio. “Lo que los artistas nos merecemos son políticas claras y efectivas de apoyo, ya son varios manifiestos y varias cartas que estamos mandando a la ministra de culturas y hasta ahora no hay resultados”.

El sector cultural (especialmente teatro, cine, artes plásticas, danza y literatura) ha enviado propuestas al Ministerio de Culturas para crear políticas de gestión cultural durante la crisis sanitaria. Hace dos semanas hubo una reunión con la cartera estatal y se aguarda un nuevo encuentro.

La Razón


Caricaturistas y humoristas gráficos preocupados ante peligro de censura por parte del Gobierno

Por Caio Ruvenal

Caricaturistas y humoristas gráficos de diferentes medios impresos y páginas digitales independientes se mostraron preocupados ante el peligro de censura que implica el Decreto Supremo 3231, firmado el 7 de mayo por la presidenta Jeanine Áñez y que contempla sanciones penales para quienes “generen incertidumbre en la población”.

El sector argumenta que está siendo el más activo y frontal con la sátira y crítica a la política actual, ya que otras disciplinas como el cine, teatro y literatura están varados por la pandemia.

La norma en su artículo dos dispone: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

“¿Cómo se va a justificar que lo nuestro es sátira y no desinformación? Y dado el caso, ¿quién juzga eso, el autor, el denunciante, el público, la autoridad, un juez? ¿qué parámetros hay?”, expresa con preocupación un miembro del colectivo de dibujantes de La Envidia, que realiza publicaciones a través de su página de Facebook.

Javier Menchaca, caricaturista de OPINIÓN, cree que es una especie de “escudo” que ha formulado el Gobierno que va “contra la Convención, la Constitución que pone en grave riesgo la libertad de expresión y derecho a la información porque penaliza ésta”.

La naturaleza del humor gráfico es crítica en sí, explica David Diez, quien realiza trabajos para el Correo del Sur y El Día. “Hay un peligro latente de que si la crítica es mordaz sobre un mal procedimiento sobre el Gobierno, se puedan tomar acciones contra el medio y la persona”.

Si bien los dibujantes entienden que la norma está dirigida a “personas que utilicen las redes sociales para desinformar”, les preocupa que deje la posibilidad a sancionar trabajos que critiquen mediante el humor acciones del Gobierno.

Opinión


Un peligro absoluto

Por Diego Aramburo

Una ley que va contra cualquier derecho a la expresión es un peligro absoluto. Peor aún si ésta es ambigua y no especifica definiciones ni presenta un reglamento claro, como es el caso. Luego, meterse con los contenidos de las artes es entrar en un sistema de censura directa.

No se dice qué se pretende censurar, por qué y a través de que procedimiento legal. ¿Esto llevará a encarcelamientos ilícitos sin proceso legal previo? Y aun si hubiera procesos y procedimientos que respeten los derechos humanos, ¿qué juez o jurado tiene el mecanismo y capacitación para analizar y entender lo que se quiso lograr con una obra o acción artística? Por ejemplo, venimos viendo al Ejército realizar acciones contra personajes coronavirus, o desfiles promoviendo y mostrando una lucha (armada), contra el COVID-19.

En esas acciones, que asumo bienintencionadas y pretendidamente educativas, hay tal nivel de distorsión de la situación que atravesamos, que se constituyen en instancias de desinformación que generan más incertidumbre que otra cosa. Entonces, bajo la ley y su nuevo alcance, ¿procesamos a todo el Ejército Boliviano y/o sus altos mandos por atentar contra la salud pública? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

(*) Diego Aramburo es teatrista

La Razón

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