Sin garantías para la libertad de expresión
La violencia contra los periodistas es, en muchos países de nuestra región, ejercida de un modo impune y afecta a la posibilidad de investigar profundamente en los entresijos del poder. Es un modo también de poner a la luz el modo en que la sociedad resuelve su conflictividad. No en todos los países se asesina periodistas. No en todos los países la muerte es un modo de tramitar los conflictos. Eso si, en casi todos países los grandes medios de comunicación invisibilizan la violencia sobre los periodistas, pues generalmente quienes son asesinados pertenecen a medios más pequeños o alternativos. En los grandes medios prima el morbo y se esconde las condiciones políticas y culturales que posibilitan esta grave forma de violencia contra la prensa
| Año | Periodistas asesinados en México según RSF | Periodistas asesinados en México según CIAP / FELAP |
| 2009 | 1 | 13 |
| 2010 | 7 | 17 |
| 2011 | 5 | 14 |
| 2012 | 6 | 17 |
| 2013 | 2 | S/D |
| 2014 | 3 | S/D |
Notas sobre el tema
Sin garantías para la libertad de expresión
México, D.F. a 4 de agosto de 2015.– El semanario Presente fue atacado con armas de fuego el 2 de agosto en Poza Rica, Veracruz. La agresión ocurre días después de que uno de los periodistas del medio recibiera una amenaza de muerte.
Los hechos se registraron a las 5:00 horas del domingo, cuando sujetos dispararon contra las instalaciones del medio, rociaron gasolina a tres automóviles –propiedades del semanario y del director– e incendiaron una camioneta. En el lugar se encontraron botes de gasolina, cartuchos y balas de alto calibre.
Jesús Villanueva, director de Presente, declaró a ARTICLE 19 que el presidente municipal de Papantla, Veracruz, Marcos Romero Sánchez, podría ser responsable del ataque. El martes 28 de julio, uno de los periodistas del medio –de quien se reserva su nombre por razones de seguridad– fue amenazado de muerte por uno de sus escoltas, conocido como “Lemus”.
El director del semanario agregó que el escolta le dijo al periodista “Yo a ti te voy a matar a balazos, nada más estoy esperando la orden de mi patrón”, mientras señalaba la oficina del mandatario. El periodista amenazado confirmó a ARTICLE 19 estos hechos, agregando “ me dijeron que el asesinato lo iban a hacer parecer un accidente”.
Tanto Villanueva como el periodista coinciden en que las agresiones podrían estar vinculadas a la cobertura que han dado recientemente sobre actos de corrupción, incumplimiento de funciones y abuso de autoridad relacionados con el presidente municipal.
Veracruz es una de las entidades más peligrosas para la prensa; en lo que va del año, tres periodistas han sido asesinados. La violencia contra la prensa de esta región se recrudece con el homicidio de Rubén Espinosa, el 31 de julio. El fotoperiodista salió del estado en junio para refugiarse en el Distrito Federal por amenazas de muerte y otras agresiones en su contra.
“Nos enfrentamos a un escenario cada vez más violento contra la prensa en Veracruz, acompañado de mayor impunidad en el estado, en donde la mayoría de las veces las autoridades municipales y estatales terminan jugando un papel de juez y parte”, comenta Darío Ramírez, director de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica.
ARTICLE 19 reitera la necesidad de que las autoridades mexicanas actúen conforme a los estándares más altos para garantizar el esclarecimiento de los hechos, siendo aplicable la Declaración conjunta sobre delitos contra la libertad de expresión, donde se contempla la independencia, celeridad y efectividad en las investigaciones, así como el cumplimiento a las obligaciones de prevención y protección.
Frente a estos hechos, ARTICLE 19 exige a las autoridades del Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitan a la brevedad las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del personal del semanario Presente. Asimismo demanda a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República (PGR), lleve a cabo las pesquisas necesarias, siempre tomando como principal línea de investigación la de la labor periodística del medio y sus periodistas.
ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.
El largo brazo del crimen
Por Enrique Santos Molano
El asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de cuatro mujeres en un apartamento de la colonia de Narvarte en Ciudad de México es, aparte de un nuevo paso en la escalada de terror y amedrentamiento contra la libertad de expresión y de información, una demostración de cuán largo es el brazo del crimen en la cadena de corrupción que hoy se impone en muchos Estados latinoamericanos, con la inocultable complicidad de las autoridades.
Viernes 31 de julio de 2015, entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde, según las fuentes policiales. Lugar: apartamento en la colonia (barrio) Narvarte de Ciudad de México. Hechos: asesinato múltiple, multihomicidio, o un homicidio y cuatro feminicidios. Víctimas: Rubén Espinosa, treinta y un años, fotoperiodista (reportero gráfico); Nadia Vera, treinta y dos años, antropóloga social de la Universidad de Veracruz, activista de los Derechos Humanos; Yessenia Cruz Alfaro, dieciocho años, maquilladora; Alejandra N., cuarenta años, empleada doméstica en el apartamento; Simone o Nicole N., veintinueve años, colombiana.
Tan pronto se conoció la noticia del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, diferentes organizaciones periodísticas y de Derechos Humanos pidieron una investigación que tomara como línea axial (sin descartar ninguna otra) las continuas amenazas y hostigamientos de meses anteriores, que obligaron al reportero gráfico a salir de Veracruz, donde trabajaba, y exiliarse en Ciudad de México; pero el domingo 2 de agosto, dos días después del crimen, la Procuraduría General Judicial del Distrito Federal (PGJDF) descartó esa línea y expuso que el motivo único del multihomicidio en la colonia Narvarte había sido el robo.
En el escenario del crimen se encontró que los cinco cadáveres estaban atados de pies y manos, que todos mostraban señales evidentes de haber sido torturados, que las cuatro mujeres fueron violadas, y que hubo, además de robo, una pesquisa frenética en procura de algo que los asesinos fueron a buscar específicamente y que al parecer encontraron, de acuerdo con un video de última hora captado por una de las cámaras de seguridad, aunque en las primeras horas la PGJDF dijo que las cámaras no brindaron información útil por “estar averiadas”. El mismo domingo, la PGJDF, para sustentar su hipótesis del robo como único móvil del crimen, declaró que el fotoperiodista Rubén Espinosa había salido de Veracruz, no por amenazas contra su vida o su seguridad, sino porque estaba sin trabajo y había resuelto venir a Ciudad de México en busca de nuevas oportunidades.
No encuentro otra explicación para el hecho de que autoridades de policía judicial mientan con tanta frescura, y se monten sobre una sola hipótesis para resolver un crimen, que la profunda corrupción en la que están consumidas. Rubén Espinosa prestaba sus servicios a la revista Proceso, el semanario más importante de México (equivalente a Semana en Colombia), a la agencia de fotografía Cuarto Oscuro y a AVC noticias; luego, es falsa (¿intencionalmente?) la suposición de la PGJDF de que “Espinosa estaba desempleado en Veracruz”. Y es ‘refalsa’ la afirmación de la misma autoridad de que Espinosa no recibió amenazas, pues en junio el periodista las había denunciado en el noticiero de televisión por internet Rompeviento. Amenazas y hostigamientos que se generaron en una serie de fotografías tomadas por Espinosa sobre actos de brutalidad de la policía en Veracruz, y otras que habrían comprometido a las altas autoridades de ese Estado.
Por su parte, Nadia Vera, igualmente amenazada en razón de sus continuas denuncias sobre atropellos a los Derechos Humanos por orden del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, lo señaló, también en Rompeviento, como el directo responsable de lo que a ella pudiera sucederle.
La desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa va a cumplir un año (el próximo 26 de septiembre) y el único interés que puede apreciarse por parte de las autoridades locales y federales mexicanas, no es hallar a los estudiantes, o sus restos, ni atrapar a los culpables, sino enredar el asunto de modo que nunca pueda resolverse y quede impune. Por el mismo camino empieza a echar el crimen de la colonia Narvarte. El brazo del crimen es largo y los criminales, cuando a merced del miedo y la indiferencia política de los ciudadanos logran adueñarse del poder por “vías democráticas”, saben protegerse unos a otros. El Gobernador de Veracruz está tranquilo. Conoce que las denuncias en su contra no serán investigadas y que las autoridades fallarán que el crimen de la colonia Narvarte no tuvo otra causa que el robo.
Mientras tanto (en México, en Colombia, en Honduras, etc.,), los periodistas y los activistas sociales que se atrevan a denunciar el crimen, la corrupción, las violaciones de las autoridades a los Derechos Humanos, seguirán cayendo. O tendrán que callarse. En el reino del crimen, el nombre de la Justicia es Impunidad.
Doble asesinato. La prensa entre la violencia y la impunidad
En 2012 la organización Artículo 19 presentó un informe en el cual hizo un balance de los últimos años en materia de libertad de expresión en el trabajo periodístico, intentó mostrar la dimensión del problema y ofrecer algunas lecturas sobre las características de la violencia contra la prensa. En el mismo enunciaba un concepto claro, más allá de lo reiterado: «El derecho a estar bien informado constituye el elemento básico para el ejercicio razonable y razonado de la libertad. Si la información se oculta, manipula o distribuye de manera asimétrica, sólo unos cuantos terminan siendo capaces de actuar con conciencia.»
Presentación
La libertad de expresión y la deliberación pública de los asuntos públicos son síntomas deuna democracia en ejercicio; es garantía para que otros derechos y otras libertades puedansobrevivir. Como explica Luis Raúl González Pérez, cuando la prensa puede ejercer su función sin presiones ni coacción, no sólo fortalece la democracia y el derecho de la sociedad a la información; los periodistas proveen a la ciudadanía “de información sufciente para fundamentar sus elecciones; constituirse en arena de debate abierta donde todas las posturas tengan oportunidad de ser conocidas, así como vigilar en favor de la ciudadanía, denunciar y revelar abusos cometidos por las autoridades y los poderes”.
Atravesamos un periodo convulso de debate y confrontación política que plantea la necesidad de revisar las restricciones legales vigentes en materia de libertad de expresión en tiempos electorales. Las tentaciones censoras son muchas en oposición a la urgencia de ampliar libertades para vigorizar las discusiones que están dándose en el país. El inicio de la nueva administración tiene ante sí un cúmulo de pendientes en materia dederechos humanos, rezago de expedientes, delitos que no han sido investigados ni aclarados de manera suficiente, además de una larga lista de compromisos internacionales incumplidos en la materia.
Suman los últimos dos sexenios 72 periodistas asesinados y 15 desaparecidos por razones que podrían estar vinculados con su labor profesional; no es posible decir con certeza quién es el responsable material e intelectual ni establecer los móviles en cada caso.Coinciden en este análisis organizaciones como Human Rights Watch que en su reporte más reciente considera que las autoridades mexicanas han fallado reiteradamente en su obligación de perseguir e investigar adecuadamente los crímenes contra miembros de la prensa o en protegera periodistas que enfrentan graves riesgos, fomentando un clima de impunidad y autocensura.El Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias también lo señala: la impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones y no se están realizando los esfuerzos sufcientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y la reparación. Al menos 15 familias de periodistas que no han sido encontrados enfrentan esa realidad. Para el periodista Roberto Zamarripa entender las expresiones de violencia en algunas regiones del país pasa por admitir que existen “territorios con gobiernos paralelos o poderes que han suplantado al institucional. Las autoridades electas para gobernar han optado por entregar las plazas,abandonar sus obligaciones y, en algunos casos, sumarse al crimen u obedecerle”. Si un aspecto ha caracterizado este oscuro periodo de la historia reciente del país es la impunidad
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