Productores audiovisuales de Iberoamérica preocupados por la política del sector en Brasil

La FIPCA expresa su profunda preocupación ante los cambios anunciados en la política audiovisual Brasileña

El sector del audiovisual brasileño corre el riesgo de parálisis

La FIPCA y las entidades de productores Iberoamericanos nucleados en ésta expresan su más profunda preocupación ante los cambios anunciados días atrás en la política audiovisual Brasileña que pueden detener la producción cinematográfica en dicho país. Ante esta situación, que potencialmente podría provocar el cierre de cientos de empresas productoras y acabar con miles de puestos de trabajo, sin contar el perjuicio que colaterlamente puedan sufrir los productores del resto de la región que estén llevando a cabo coproducciones, los productores de toda Iberoamérica hacen un llamado de atención para que las autoridades y la industria audiovisual Brasileña puedan encontrar una solución que les permita revertir las medidas.

Cabe destacar que la relación entre Brasil e Iberoamérica se ha visto fortalecida en elúltimo lustro generando un intercambio como nunca antes en la historia del cine brasileño y que estas medidas pueden erosionar los lazos creados.

Dueña de una facturación anual de US$ 11 mil millones, la industria del cine y del audiovisual corre el riesgo de entrar en colapso, poniendo en riesgo a más de 12.700 mil empresas y el trabajo profesional de más de 300 mil personas. El motivo es la reciente decisión del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que le recomendó a la Agencia Nacional del Cine (Ancine) la interrupción de la celebración de nuevos acuerdos para el destino de recursos públicos para el sector audiovisual, lo que afecta a toda la cadena productiva de la industria.

Ante este escenario, las asociaciones y sindicatos del sector audiovisual estudian enviar una petición al TCU para revertir la sentencia aprobada el día 27 de marzo del año en curso. La evaluación es que la decisión del Tribunal le trae inseguridad jurídica al sector e impide que Ancine, responsable del fomento, fiscalización y regulación del audiovisual brasileño, celebre nuevos contratos, e incluso le dé continuidad a los contratos actuales, los cuales debe cumplir. La decisión puede causar un daño irreparable, no solo para el propio sector, sino para la sociedad brasileña, ya que parte de las producciones en marcha pueden parar.

El miércoles, 3 de abril, los directores de sindicatos del audiovisual se reunieron con el ministro-relator del caso, André Luís de Carvalho, para exponer el impacto inmediato de la decisión sobre toda la cadena productiva, además de reforzar el trabajo de demostrar las particularidades de la operación de esta industria cinematográfica.

Por la decisión, aprobada por unanimidad por los ministros del Tribunal, le es recomendado a Ancine que solo celebre nuevos acuerdos para la destinación de recursos públicos al sector audiovisual cuando disponga de condiciones técnico-financiero-operativas para analizar las referidas rendiciones de cuentas, además de fiscalizar la ejecución de los mismos. La estimativa es que Ancine tenga hoy un pasivo de más de tres mil rendiciones de cuentas para ser analizadas. El promedio en la agencia es de análisis de menos de 30 rendiciones de cuentas por semestre. Algunos órganos del gobierno llegan a tener más de 100 mil rendiciones de cuentas en su pasivo, lo que nos indica que las reglas impuestas pueden estar en disonancia con los principios básicos de la administración pública.

No obstante, según el ministro André Luís, la paralización de la liberación de recursos para la industria no es el objetivo de la sentencia. En la interpretación del relator, los proyectos ya aprobados por Ancine, que están en marcha, podrían seguir sin problemas con la liberación de recursos.

Paralelamente a la visita al TCU, representantes del audiovisual fueron a la Comisión de Cultura de la Cámara de los Diputados, también el pasado día 3. Los parlamentarios aprobaron un requerimiento para que la Comisión se reúna con el ministro André Luís.

“La medida del TCU es muy drástica. Hubo prisa al colocar a todo el sector en una posición criminal”, expresó el diputado Marcelo Calero (PPS-RJ). “No podemos dejar que la cultura agonice. Vamos a luchar para que la industria cinematográfica y del audiovisual salga de esta situación”, enmendó el diputado Alexandre Frota (PSL-SP).

Sentencia TCU

El día 27 de marzo, el TCU mandó a suspender la transferencia de fondos públicos para el audiovisual hasta que Ancine tenga “condiciones técnicas” para analizar las rendiciones de cuentas de los proyectos y para “efectivamente fiscalizar la ejecución de cada ajuste”. La decisión fue tomada con base en una auditoría realizada en agosto del 2017, para analizar los incentivos fiscales por medio del fomento directo e indirecto.

Por medio de la sentencia, la Agencia tiene 60 días para presentar un plan de acción de reanálisis de todos los proyectos aprobados. Este reanálisis no puede durar más de 12 meses.

Para el sector, uno de los puntos más graves de la sentencia del TCU es la determinación de una nueva rendición de cuentas, incluso de los proyectos ya analizados y aprobados, a partir de nuevos criterios. En la evaluación de los productores, esta medida crea una gran inseguridad jurídica en el mercado, además de un alto riesgo de judicialización, una vez que las reglas serían aplicadas de forma “retroactiva” – lo que es jurídicamente cuestionable.

Con 98 páginas, el informe del Tribunal también recomienda la utilización de “nuevas tecnologías de la información”, como blockchain, en los procedimientos de rendición de cuentas.

Números del Sector

El sector del audiovisual genera cerca de US$ 6,5 mil millones en valor agregado y emplea a más de 300 mil personas (directa e indirectamente), que representan a 300 mil famílias con una tasa de crecimiento promedio anual del 8,8%. Actualmente, Ancine tiene registradas a 12.700 mil empresas, de todos los eslabones de la cadena: producción, distribución, exhibición, laboratórios, canales, empaquetadoras, etc.

Ancine gestiona cerca de US$ 300 millones/año entre renuncia fiscal y fomento directo, este basado en el pago de la contribución Condecine (CIDE). Según el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), los valores anuales recaudados por el sector directamente en impuestos llegan a US$ 500 millones.

Comunicado Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales


 

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