La resistencia afro en Bogotá

La resistencia afro en Bogotá

En Rafael Uribe vive una de las comunidades afrocolombianas más organizadas de Bogotá. La mayoría son desplazados. Hoy, y a pesar de los embates de la violencia urbana, siguen luchando por los derechos de una comunidad víctima de la violencia

Por Laura Daicz

Hace nueve años Jini González decidió dejar Buenaventura, la ciudad en la que había dado a luz y criado a sus tres hijos mayores y donde se había convertido en lideresa. La disputa de los grupos armados ilegales por controlar la ciudad, donde opera el principal puerto marítimo sobre el Pacífico, había alcanzado un nuevo pico de violencia.

Desde que los paramilitares desplazaron a las Farc, la población se convirtió en botín de batalla. Jini sufrió su parte: el padre de sus tres hijos mayores fue asesinado en el 2000 cuando intentaba transportar borojó. Se había negado a pagar “la vacuna”, el impuesto que los grupos armados exigían para poder comerciar.

La violencia y opresión fue volviéndose cada vez más descarada, cuenta Jini. Las amenazas contra ella y su nueva pareja, Jairo Caicedo, con quien compartía la actividad de resistencia, fueron cada vez más fuertes.

En el 2010, apenas unos meses después de que naciera su hijo más pequeño, decidieron recorrer 500 kilómetros para dejar atrás la presión que se había vuelto intolerable. Jairo se fue primero. Ella lo acompañó unos meses después.

Con sus cuatro hijos —una niña, dos varones y un bebé, que hoy tiene nueve años—, llegó a la localidad de Rafael Uribe, en el sur de Bogotá.

La Unidad de Víctimas calcula que aproximadamente 850.000 afrocolombianos (el 20% de la población afro del país) han dejado sus territorios para escapar del control violento de los grupos armados. Muchos han llegado a Bogotá, aunque hoy no se sabe bien cuántos son porque no hay cifras actualizadas. El censo de 2005 decía que eran 96.523 personas. Pero, según la Unidad de Víctimas, el desplazamiento forzado tuvo un pico entre el 2005 y el 2008 que ese censo no tuvo en cuenta y desde entonces, no ha dejado de haber desplazamientos forzados en el país, muy a pesar del Proceso de Paz con la guerrilla de las Farc.

Lo que sí se sabe es que son nueve localidades bogotanas las que han recibido mayor población afrocolombiana desplazada en los últimos 20 años.

Rafael Uribe Uribe es una de ellas. Es, además, una de las localidades donde la organización de la comunidad afro es más fuerte. Prueba de esto es la representación que han ganado los afros en la Mesa Distrital de Víctimas de Bogotá: de 27 integrantes para 19 localidades, Rafael Uribe cuenta con cinco representantes, un número por encima del promedio.

Jini González llegó a Bogotá a través de la organización de víctimas con la que trabajaba,  la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, Afrodes, que reúne a 160 organizaciones de desplazados en todo el país. Afrodes es solo una de las organizaciones sociales que tienen presencia en Rafael Uribe. El objetivo de todas, sin embargo, es el mismo: enfrentar los problemas que, a pesar de la distancia, no son tan diferentes a los que los trajeron hasta aquí.

De hecho, huir de Buenaventura no fue suficiente para que Jini escapara de la muerte. Cinco años después de haberse instalado en Rafael Uribe, su hijo, Luis José Alberto fue asesinado en Bogotá. Tenía 20 años. Cuatro años después, el crimen sigue impune, pero Jini se atreve a dar una hipótesis: lo mataron para presionarla a ella, para ponerle fin a su actividad política y a su liderazgo. Ya había recibido ‘aprietes’ de los armados, dice, refiriéndose a las amenazas que recibió contra su vida y la de su familia.

A pesar del dolor, no dejó el liderazgo.

Jini es una de las 200 mujeres afrocolombianas desplazadas que viven en la localidad de Rafael Uribe y que hacen parte de un grupo mucho más grande: 10 mil mujeres negras de todo el país, que se inscribieron ante la Unidad de Víctimas como el primer sujeto de reparación colectiva para mujeres afro. “Las Comadres de Afrodres”, dice Luz Marina Becerra, desplazada de Condoto, en Chocó, quien ha liderado el proceso a nivel nacional.

La inscripción en 2017 se dio como resultado de más de quince años de trabajo de las Comadres para caracterizar y documentar las afectaciones que han sufrido durante el conflicto.

Las mujeres, y en especial las mujeres afrocolombianas, hemos sido mucho más afectadas que el resto de la población por la interseccionalidad: por nuestra condición de pertenecer a un grupo étnico, por nuestra condición de género, por ser víctimas, afirma.

Sus testimonios sirvieron de insumo para que la Corte Constitucional redactara el auto 092 que el 14 de abril de 2008 le ordenó al al Gobierno la construcción de trece programas que ayuden a superar las barreras que viven las mujeres desplazadas. Uno de ellos es especial para las mujeres afrocolombianas.

“Infortunadamente, como se expresó en una reciente audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 10 años no se ha cumplido”, afirma Pedro Cortés, quien como ex representante de la ONG Raza e Igualdad acompañó a las mujeres de Afrodes en la redacción de sus testimonios.

“Las normas solamente se quedan en el papel. Se generaron grandes expectativas en las mujeres pero hoy no ha pasado absolutamente nada”, agrega Luz Marina, defraudada por las trabas que las Comadres enfrentan para pasar a la siguiente etapa en su reconocimiento como sujeto de reparación colectiva. Para ella, los procesos de diálogo con el Gobierno han sido desgastantes y a veces decepcionantes.

“Pero ahí vamos en la lucha”, asegura. “Uno se mete en estos procesos porque esto a uno lo apasiona, porque estamos convencidos. Así como nosotros hablamos de derechos, hablamos también de deberes. Y nosotros consideramos que parte de los deberes es ayudar a la construcción del país, de la ciudad, a la construcción de ciudadanía”.

***

En Rafael Uribe, Jini y Jairo se mudaron a una casa en el cerro, en el límite oriental de la localidad. Para llegar hasta allí hay que subir una escalera que divide los barrios más pudientes de los más humildes.

“¿Por qué cree que nosotros vivimos en este barrio? Porque no podemos irnos a otro que tenga un mejor estrato, una mejor calidad de vida. Porque no podemos pagar un arriendo de esos. En todo ese sector de allá, después de que usted baja esta escalera, el arriendo es más caro. No baja de 700 mil pesos”, explica Jini.

Arriba, en cambio, los arriendos no superan los 500 mil. Allá es donde vive la mayoría de la población afrocolombiana del sector.

¿Cuántos exactamente? Nadie sabe. La alcaldía local desconoce la cifra. Los registros del DANE indican que en 2005 eran 4.911, pero el número, otra vez, está desactualizado. Para el Consejo Local de Comunidades Afrocolombianas, que en 2012 realizó un estudio sobre la población afro junto con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, hoy llegan a 23.000, el 7 % de la población de esa localidad. Según ese estudio, el 70 % sería víctima del desplazamiento forzado.

La zona nació como invasión, y aunque hoy está legalizada, conserva el aspecto de precariedad y abandono. “Hay miseria, pobreza y criminalidad”, resume Dagoberto Castillo, referente de seguridad y convivencia ciudadana de la alcaldía local de Rafael Uribe.

En ese ambiente, muchas madres que llegaron solas como Jini deben salir a trabajar, en lo que pueden: en limpieza, lavado, venta de bolsas o pescaderías.

“Entonces muchas veces los jóvenes quedan a la intemperie”, dice Jairo Caicedo, quien se volvió representante de Afrodes en Bogotá, miembro del Consejo Local de Comunidades Afrocolombianas y de las Mesas Local y Distrital de Víctimas.

Los jóvenes quedan sin compañía en un barrio cuyas esquinas son el lugar preferido por los narcotraficantes para encontrar quién les haga los mandados.

“De repente no tienen oportunidades de trabajo, de estudio y no falta el que viene a ofrecerles estos trabajos”, agrega Alexander García, bonaverense de 38 años y compañero de Jairo en en el Consejo Local Afro y en las Mesas Local y Distrital de Víctimas.

Además de líder, Alexander es peluquero y llegó a tener una barbería en Fátima, un barrio de la localidad de Tunjuelito muy cercano a Rafael Uribe, la localidad en la que él vive desde que llegó a Bogotá. Le encanta su trabajo y su propio peluqueado es prueba de ello: ocho montoncitos de pelo afro separados por moños invisibles, perfectos.

La barbería no solo ha sido el medio con el que ha hecho su vida, también ha sido la herramienta con la que le ha arrebatado muchos jóvenes a la violencia de estas calles. Recuerda por ejemplo el caso de Shamir Moreno, un muchacho de Quibdó que se desplazó a Rafael Uribe. Cuando Alexander lo conoció, Shamir vendía drogas, pero parecía interesarle la barbería.

“Yo te enseño para que salgas de esa vida”, recuerda que le dijo. Los ‘aprietes’ contra Shamir, sin embargo, no tardaron en llegar: que por qué no iba a trabajar, que ya sabía lo que le iba a pasar si no seguía. Alexander tuvo que interceder ante la Unidad de Víctimas para reubicar a Shamir en otra localidad.

“Los desplazamientos que hemos tenido dentro de Bogotá han sido por esos problemas”, dice.

Shamir ahora vive en Chile. “Ya es un profesional en su arte, peluquea sabroso”, cuenta Alexander. Fue el primero de muchos. Por eso, las amenazas contra Alexander no se hicieron esperar: “¿Qué es lo que está pasando? No te metas, negro hijo de puta, sapo”, recuerda que le dijeron.

Cuando la Personería de Bogotá conoció el riesgo en que Alexander se encontraba, lo sacó de inmediato de Rafael Uribe. “Yo perdí la mitad de la barbería que tenía por allá, me tocó salir así, en bomba”. Lo reubicaron en el centro de Bogotá. “Pero la vida en el centro también es preocupante, es brava. Acá no vive quien quiere sino quien puede. Acá es carísimo. Yo estaba viviendo por el centro y me tocó irme para allá de nuevo, para Rafael Uribe”.

Regresó y mantuvo su organización, Barberos Unidos,  a la que le agregó clases de baile y de instrumentos de percusión típicos de su región: el guasá, el cununo y el tambor. “Ellos reclutan a los jóvenes, pero para cosas malas. Yo, para una enseñanza buena”, dice, a sabiendas de que por eso las amenazas no cesan.

“A nosotros, por lo menos los que estamos en la Mesa Distrital, nos llegan muchos panfletos de las Águilas Negras: que nos van a limpiar a todos los líderes, que nos van a matar. Llegan con nombre y todo: tal fulano, tal fulano, muerte. Con nombre propio”, dice Alexander.

De hecho, en septiembre del 2018 y en enero del 2019, los veinte miembros del consejo local afro  de Rafael Uribe recibieron amenazas en su celular, cuenta Tulia Asprilla, una de sus integrantes. Ella también es desplazada. Llegó a Bogotá en el año 2000 desde Chocó, de donde le tocó salir porque no quiso someterse a las vacunas que le cobraban los armados por tener una tienda.

Cuando la presión se vuelve muy fuerte, los líderes y lideresas se ven obligados a dejar la localidad donde los amenazan. Es una modalidad de violencia que se ha denominado desplazamiento intraurbano. El problema es que casi siempre les toca volver porque casi ninguno tiene otro lugar a dónde ir.

“Las circunstancias como el costo de los arriendos, nos obligan”, explica Jini.

Es una paradoja: los líderes huyen de sus territorios por amenazas y llegan a Bogotá donde los vuelven a amenazar por su liderazgo. Ellos, sin embargo, no se rinden.

“Nosotros hacemos saber los derechos que todo colombiano tiene. A ellos [los grupos armados] no les gusta. Porque si nosotros le hacemos saber a la gente sus derechos, entonces la gente va a ir a reclamarlos”, explica Alexander.

El liderazgo y la organización comunitaria afro también se las han ingeniado para traer a su nuevo hogar un poco de su tierra y sus tradiciones. Se llaman ‘kilombos’ y son espacios de encuentro, donde se ocupan de la salud y de mantener vivos los saberes ancestrales. En Bogotá hay 10, uno por cada dos localidades. El de Rafael Uribe es uno de los afortunados, porque cuenta con un espacio físico para funcionar en el centro local de atención para las víctimas de la localidad. No solo atiende a los vecinos de Rafael Uribe sino también de otras localidades como Antonio Nariño y San Cristóbal. Además, sus empleados tienen un contrato y reciben un sueldo que paga la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Bogotá. Solo tres tienen esa suerte. Los demás son itinerantes, a la espera de quién pueda ofrecer su casa para que la gente se reúna.

“Kilombo es un lugar donde converge la comunidad negra y a cada uno se le dice la importancia que tiene, así no estén en su territorio” explica Julissa Mosquera, la ‘matrona’, una suerte de coordinadora de ese espacio.

Llegó a Bogotá hace ocho años. Vino desplazada de Quibdó donde los grupos paramilitares que se reorganizaron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, las secuestraron a ella y a su hija de 11 años. Julissa dice que fue un acto de venganza por el trabajo que ella estaba haciendo con jóvenes de la ciudad en defensa del cuidado y del cuerpo de la mujer. Ella denunció y la amenazaron: un ultimátum que la obligó a irse.

Llegó a Bogotá confundida, llena de odio, rabia y culpabilidad. La enviaron al psiquiatra que le recetó unas pastillas que “la atontaban” y no la dejaban dormir.

“Entonces yo dije: no, yo tengo mi propia forma de sanar”, cuenta. Recordó cómo, de niña, su abuela le cantaba y le enseñaba sobre las matas. “Entonces cada vez que me angustiaba me ponía a cantar, me ponía a bailar, me ponía a sembrar y hablar con las plantas y descargaba toda mi tristeza”.

Su experiencia, y haberse encontrado con otras mujeres víctimas en los pasillos de la Unidad para las Víctimas y ver que ellas, también, tenían experiencias parecidas, la terminó de convencer de que tenía que montar un kilombo en la localidad.

“Decidí no ser la víctima”, dice. “Decidí volverme una mujer que fuera ejemplo para mi comunidad. Entendí que no era quedándonos calladas, que era hablando y contándole al mundo lo que pasó”. Para ella el kilombo es un espacio de resistencia frente a todo lo que ha tenido que vivir la comunidad negra. “Porque yo no me quedé en el piso, yo me levanté”.

Habla, y sus ojos grades y color miel se iluminan. Está sentada en su oficina que parece la mezcla entre un consultorio médico y un centro cultural: una camilla en medio de un salón con paredes tapizadas con afiches de líderes y artistas afro, matas (yerbabuena, cedrón, manzanilla, limonaria, yerbas dulces, cactus y suculentas) y velas.

Durante la semana, el kilombo atiende pacientes con dolencias médicas. Fuera del horario de atención, la sanación corre por cuenta de la cultura: hacen sesiones de chirimioterapia, que es como han llamado a la sanación a través de la música del Pacífico: cantan arrullos y cuentan historias a los niños. Enseñan baile, danza y teatro a los jóvenes. Además, organizan semilleros de formación política.

“Aquí es como un fractal (del territorio), de allí traerlo y ponerlo aquí, que la gente llegue y diga: ay, como en el territorio”, cuenta Julissa. “Yo veo la yerbabuena, entonces me acuerdo ay, cuando mi abuela salía y me echaba”.

El kilombo cuenta además con los servicios de partería tradicional que ofrece Pilar Hurtado de Hurtado, una mujer de Guapi, Cauca, que llegó hace 10 años a Bogotá. La paciente es Yennifer Montaño, una tumaqueña que espera un varón. La madre se recuesta en la camilla y Pilar le levanta la camisa para sobarle la barriga con un ‘bálsamo tranquilo’, hecho con extracto de hierbas ancestrales. “Él va a sentir su raza”, le dice Pilar, que tiene una piel tan tersa que le hace trampa a sus 82 años.

El bálsamo tranquilo lo preparó Odilia de Jesús Becerra Murillo, una sabedora de 67 años y cuerpo robusto. Ella prepara las botellas, mezclas de hierbas y brebajes. Advierte que las hierbas que pueden comprar aquí no son las mismas de su territorio, que se cultivan con sus propios rituales.

Las dos, Pilar y Odilia, tienen suerte: son de las pocas mujeres afro que pueden trabajar en Bogotá de lo que saben. Sus salarios son básicos, porque no pueden demostrar estudios formales. Es el costo de trabajar en una economía de occidente.

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A una estación de bus del kilombo, Denis, de cinco años, se sienta sobre el regazo de su abuelo, Jairo Caicedo.

“¡Mi mamá!”, dice la niña, cuando Alexander muestra la foto de perfil de la hija de Jini, una joven que se dedica a las trenzas y peinados afro. Luego sigue jugando en las piernas de su abuelo. “Es rolita esta”, dice él, divertido.

“Tengo un pequeñito que también se volvió rolo porque a ese lo metimos desde que llegó al jardín y se crió entre medio de los colegios rolos. De hecho, él habla como los rolitos”, dice Jini, entre risas.

Son niños que han nacido entre una sociedad y otra, entre la escuela de una gran ciudad y la crianza de un hogar que no se resigna a perder sus costumbres.

Los logros de la organización que sus padres y abuelos llevan adelante pueden parecer invisibles. Pero para ellos son vitales: defender la vida comunitaria que los caracteriza y las prácticas que se han traspasado de generación en generación.

Unos han construido su plan de vida aquí. Otros, solo esperan las garantías de vivienda y seguridad para regresar a sus territorios. Todos luchan por el derecho a construir su propio plan de vida y el de su juventud. Eso es lo que le piden a Bogotá. Para que las cicatrices sean cada vez menos gruesas.

*** [N. de la E.: Esta nota se produjo en la clase Reportajes de la Maestría en Periodismo de la Universidad de los Andes]

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