Despidos en el ministerio de cultura de Argentina ¿un espanto necesario?

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En Contexto
Desde el mes de diciembre, cuando asumió el nuevo gobierno en Argentina, se ha despedido miles de trabajadores del Estado nacional. Con la falsa excusa de que son empleados que cobraban sus salarios sin ir a sus lugares de trabajo, se eliminaron puestos y programas públicos sin ningún criterio. El ministerio de cultura es uno de los que más despidos registra y se espera para los próximos días una nueva decisión que podría llevar una reducción de la planta de trabajadores del mismo a un 50% del total. Los trabajadores del estado han realizado una movilización frente a la casa de gobierno que contó con la presencia de 50000 manifestantes

M. se levanta el viernes y prepara a sus hijas para llevarlas donde pasarán el día mientras él va a su trabajo. En verano es más complicado acomodar los horarios ya que las niñas no van a clases. Tanto su exesposa como él trabajan varias horas y no siempre pueden ajustar sus horarios para estar con ellas.

A las 08:00, M. recibe el llamado de un amigo: “Estoy escuchando en la radio que despidieron 500 empleados del ministerio. No mandaron telegramas ni nada. Dicen que cuando llegás a la puerta de Alsina, los de seguridad te dicen si podés o no entrar. ¿Te pueden echar a vos?”. A partir de ese momento las sensaciones se vuelven vertiginosas. Hasta el cálculo del dinero que M. le va a dar a sus hijas para que puedan comprar algo en el paseo con su abuela se torna dificultoso y el viaje en ‘subte’ se hace mucho más irritante que de costumbre.

“El ministerio” es el Ministerio de Cultura de la Nación en Argentina y Alsina es la calle en la que se localiza una de sus sedes.

P. llega a la puerta con los rumores sobre los despidos rondándole en la cabeza. Días atrás, Liliana Piñeiro, Directora Nacional de Museos, había renunciado porque le habrían pedido que se haga cargo del despido de 500 trabajadores del ministerio. El rumor era que los despedidos serían quienes hubieran ingresado al ministerio en el último año. Por eso P. suponía que no tendría problemas, ella trabajaba allí incluso antes de la creación del ministerio, cuando aún era la Secretaría de Cultura de la Nación.

En 2014, la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández, había creado el Ministerio de Cultura, cambiando el rango de la histórica secretaría. Esta decisión serviría para adecuar el estatus burocrático a un nuevo tipo de trabajo en el sector, creando nuevas dependencias y funciones, jerarquizando las tareas. Es por ello que muchos trabajadores se han incorporado como personal de la nueva unidad en el último año y medio.

F. supone que él estará inexorablemente entre los despedidos. Ingresó en 2015 como reemplazo de un trabajador que renunció a su cargo y cumple regularmente esa tarea, para la que fue elegido por su experiencia en la materia. Su desempeño siempre fue reconocido, por jefes y compañeros, pero desde el comienzo de la nueva gestión había tenido en claro que quienes ingresaron en el último año difícilmente seguirían trabajando. Cada mañana F. se dice: “¿Qué culpa tengo yo de que mi antecesor renunciara en 2015 y no antes?”.

Para el Ministro de Cultura argentino, Pablo Avelluto, “el crecimiento fue algo completamente desmadrado, y no se verifica en ninguna escala de crecimiento de las actividades, ni en la transformación de la secretaria en ministerio que sucedió en 2014”, según declaró al diario La Nación. Sin embargo, se desmantelaron al menos 2 programas completos que funcionaban antes de ese año: el Cepia (Centro de producción e investigación audiovisual) y Ronda Cultural. Esto demuestra que tras la supuesta eliminación de la “grasa estatal” que representa el empleo público, según afirmó el ministro de Hacienda, Alfonso de Prat Gay, se esconde la destrucción sistemática del Estado como articulador esencial de la producción y el acceso igualitario a la cultura. Los despidos combinan reducción masiva e irracional del personal estatal para reducir el gasto público, persecución ideológica (en varias áreas del Estado, a los trabajadores se les ha reclamado en entrevistas personales que mostraran a superiores o asesores de estos su actividad en las redes sociales) y desmantelamiento de áreas que el nuevo gobierno ha decidido abandonar por decisión política.

A medida que los empleados llegaban a su lugar de trabajo debían consultar, a través de una reja cerrada, a un empleado de una empresa de seguridad privada contratada para estos fines, si podía o no ingresar al edificio. Este hombre, a quien acompañaban varios agentes privados y algunos miembros de la Policía Federal, consultaba una lista —que nadie sabe quién confeccionó y en la que nadie puso su firma al pie— para ver si el empleado estaba incluido. Excluido, mejor, porque quien fuera parte de esa nómina no podía ingresar a trabajar. No había allí ninguna comunicación formal, ni tampoco una palabra sobre los motivos o los modos de resarcimiento. El trabajador no era formalmente despedido, pero tampoco se le permitía entrar a trabajar. Ninguna autoridad se hizo presente ni asumió la responsabilidad del hecho. La cantidad de empleados despedidos corresponden a más del 15% de los trabajadores de la administración central del ministerio.

El mismo día en que se conocieron los despidos, el viernes 29 de enero de 2015, los trabajadores se organizaron para marchar en reclamo de la reincorporación de todos los afectados. Y contaron para la movilización con el apoyo de ATE, una de las organizaciones sindicales que agrupa a los trabajadores estatales de Argentina.

En la marcha del viernes 29 de enero, P. decía “Yo trabajo en un área que se llamaba, antes del cambio de gestión, Dirección nacional de industrias culturales y ahora forma parte de la Subsecretaría de economía creativa, que se acaba de crear. Estoy desde 2013 en el ministerio (de Cultura), cuando aún era secretaría. Las autoridades de la nueva gestión nos empezaron a hacer entrevistas grupales e individuales para conocernos. Nos dijeron que presentaron un informe a Recursos Humanos diciendo que en nuestro equipo no había ‘ñoquis’, que querían trabajar con todos y hasta el día de ayer nuestros directores y nuestro subsecretario nos dijeron que en realidad ellos no sabían nada de despidos y que vamos a trabajar en equipo. Desde ayer sabíamos que se iban a mandar estos 500 telegramas, y hoy llegamos a nuestro lugar de trabajo, a la mañana, y había una reja con gente de seguridad y una lista. Una especie de lista negra de personas. Los elegidos fueron seleccionados con un criterio muy raro, porque no responden a un tipo de contratación o un cierto tipo de antigüedad”.

Valeria Escolar era coordinadora de Ronda Cultural, un equipo de 26 personas. Ella ingresó a trabajar en 2011 y en 2013 tuvo la posibilidad de diseñar y desarrollar el programa. “Ahí participan 17 museos nacionales, en donde nosotros hacemos paseos guiados. Disponíamos de 4 minibuses y hacíamos paseos gratuitos para personas discapacitadas, adultos mayores, escuelas y el público en general, con intervenciones artísticas. El 30 de diciembre (de 2015) despidieron a la mitad de los trabajadores del Centro de Producción e Investigación en Artes (Cepia), en cuya sede nosotros funcionábamos, y a 2 de los compañeros de Ronda… que estaban con contrato. A la siguiente semana desmontaron todos los equipos del centro, con lo cual quienes permanecían en sus puestos no podían seguir trabajando. Desde que comenzó la nueva gestión, nos dejaron a la deriva. No teníamos minibuses, ni presupuesto ni ninguna autoridad que se presentara como responsable. Hablamos con los museos proponiéndoles hacer todo a pulmón y ellos nos dieron el OK. Empezamos a trabajar en las actividades del verano. Los mismos paseos los hicimos caminando».

«Las intervenciones artísticas las hacía quien antes era un guía. Él hacía de payaso y vinieron elencos a ayudarnos. Y hoy nos levantamos y nos enteramos que estamos todos despedidos, el programa fue dinamitado. El reclamo es por los puestos de trabajo, pero fundamentalmente para seguir generando acceso a la cultura gratuita; no somos personas que tenemos un trabajo, somos personas que tenemos un trabajo que ejecutaba políticas públicas, proyectos”.

Este testimonio deja en claro que no se trata “de dar algún marco de racionalidad a la gestión cultural en la Argentina”, como declaró Pablo Avelluto, ministro de Cultura de la nación, sino de cambiar el modo en que el Estado se piensa a sí mismo como ejecutor de políticas públicas.

Una trabajadora despedida del área de reinserción social y cultura comunitaria del ministerio afirmó, en coincidencia con muchos otros comentarios recibidos, que desde el comienzo de la nueva gestión “nos vaciaron de tareas, no podíamos presentar presupuesto porque nos decían que no había dinero. No teníamos insumos ni herramientas para llevar a los asentamientos. Nada. Íbamos a cumplir horarios para que no nos saquen, nada más”.

En cuanto a la legalidad del modo en que se comportaron con los contratos ya existentes y los despidos, declaró: “No hubo telegramas, no hubo preaviso, nada. Todo es totalmente ilegal. No me dejaron ingresar a mi lugar de trabajo, no me dejaron sacar la computadora que es mía. A mí me rompieron el contrato, que estaba firmado hasta el 31 de diciembre, en la cara, y me hicieron firmar uno nuevo hasta el 31 de marzo, que supuestamente tenía una cláusula que alguna de las dos partes podía desistir sin previo aviso”. Ese contrato tampoco se cumplió.

Los trabajadores suponen que habrá más despidos masivos, aun cuando esto ha sido desmentido por el ministro. El ministerio, que cuenta con un presupuesto ajustado, pero que siempre se ha destacado por la visibilidad de sus acciones, se encuentra virtualmente detenido. Las autoridades hacen declaraciones, pero nadie tiene tareas asignadas, los programas existentes no cuentan con fondos ni con directivas a propósito de cómo continuar, y los empleados concurren a sus lugares de trabajo con la incertidumbre cotidiana, a propósito de la continuidad laboral.

El ministro Avelluto afirmó que no habrá más despidos en la administración central, aunque no descarta que los haya en los organismos descentralizados. “Es una decisión espantosa, pero necesaria”, dijo. Salvando las distancias, y no tanto, el modo de argumentar se asemeja a quienes defendían la tortura diciendo que no había otro modo de enfrentar a las organizaciones armadas.

Publicado por El Telégrafo

Tensión y rumores de despidos masivos en la Biblioteca Nacional

El clima va de mal en peor en la Biblioteca Nacional (BN). Ni siquiera la promesa de que no habrá despidos masivos logra apaciguar las tensiones. Después de la fugaz visita de Alberto Manguel, el director anunciado pero todavía no designado brilla por su ausencia hasta julio, cuando debería asumir. Escritores, sociólogos, periodistas, psicoanalistas, editores y diversas personalidades de la cultura –algunos en calidad de donantes a la colección Cartas de la dictadura, otros simplemente como usuarios– como Mario Sabato, Rogelio García Lupo, Carlos Ulanovsky, Raúl Antelo, Juan José Salinas, Guillermo Saccomanno, Raquel Robles, Eduardo Grüner, Alejandro Kaufmann, Kuki Miler, Ezequiel Fernández Moores, Silvia Itkin, Oscar Finkelstein, Hernán López Echagüe y Pablo Resnik, entre otros, decidieron manifestar su preocupación “frente a los rumores de despidos” en la BN en una carta dirigida al ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, y al ministro de Modernización, Andrés Ibarra. En ese texto cuentan que la decisión de desprenderse de papeles y archivos personales para incorporarlos al acervo cultural del país no fue fácil. “Fueron los trabajadores de la Biblioteca los que nos buscaron, los que estimaron que los papeles que teníamos arrumbados en algún rincón de nuestra casa merecían los mejores cuidados porque se trataba de documentación histórica. También estimaron importante preservar nuestros testimonios orales –advierten en una parte de la carta–. Damos fe de su trabajo y queremos que permanezcan en la Biblioteca como custodios naturales de nuestros documentos. Nos solidarizamos con ellos y acompañaremos su lucha en el caso de que ocurra el peor de los presagios. Conocemos sus nombres y sus rostros, para nosotros no son números”.

Más allá de firmar la carta, algunos declaran en pocas líneas los motivos por los cuales se manifiestan a favor de la labor realizada en la BN. “Adhiero al reclamo en contra de posibles despidos en la Biblioteca Nacional. En sus archivos descansan las memorias de queridos amigos, brillantes intelectuales, y de mi propio hermano, Jorge”, explica Mario Sabato. “He donado el archivo personal de mi padre (…). Por sobre las diferencias políticas, estimo que hay que impulsar y ampliar la magnífica tarea profesional que están llevando a cabo los trabajadores de la Biblioteca para guardar la memoria de nuestros intelectuales”, subraya Dardo Cúneo hijo. Antonio Reda, ex combatiente de Malvinas que donó cartas y documentación de la guerra a la colección Cartas de la Dictadura”, afirma: “Doy fe de su seriedad y pluralismo”.

Laura Giussani, encargada de la colección de cartas y asistente bibliográfica de archivos, dice a Página/12 que la misiva surgió por iniciativa de mucha gente que entregó archivos y papeles personales a la BN. “Yo agradezco y entiendo la perplejidad de quienes dejaron documentos importantes. No sólo Cartas de la Dictadura: allí reposan los archivos personales de la familia Frondizi (Arturo y Silvio), Jorge Sabato, Fernando Nadra, Cipe Lincovsky, Dardo Cúneo, Peña Lillo, mis propios padres –Pablo Giussani y Julia Constenla– y muchísimos más, pero quiero que quede claro que esos archivos no corren ningún peligro. Están ingresados, inventariados y, en mayor o menor plazo, serán puestos a consulta pública. El riesgo es sólo de los trabajadores, no de los documentos históricos. Puede ocurrir que el Archivo no crezca o que se tarde mucho tiempo en inventariar, describir, catalogar y poner a consulta –falta personal, no sobra–, pero jamás, a menos que se venga una dictadura incontrolable, jamás se destruirían. El compromiso de los trabajadores de la Biblioteca es grande. Si quedan la mitad, esa mitad respetará esos documentos. Por suerte, el empleado estatal de Gasalla ya no existe”.

La nota publicada el domingo pasado en este diario –“Nos estigmatizaron y el primer ñoqui es Manguel”– fue un “bombazo”, comenta “D”, un trabajador que teme por su estabilidad laboral. “Ahora se está hablando de evaluar proyectos. Si hacen la evaluación, no van a encontrar a quién despedir. Puede pasar que les parezca que hay proyectos que no son interesantes, pero muchos trabajadores llevan veinte años o más en la Biblioteca. El Estado no se puede amoldar a la lógica con la que viene el macrismo. El mundo es más complejo de lo que el macrismo quiere creer”. El trabajador “F” confirma que el clima va de mal en peor, aunque ahora el foco está puesto en “una lista de prescindibles”. “El problema es quién va a establecer quién es prescindible: ¿Manguel? ¿Elsa Barber? ¿Avelluto? Manguel no está. Barber, como subdirectora, conoce sólo una parte de la biblioteca, lo estrictamente bibliotecológico. Hay mucha tensión entre Barber y Elsa Rapetti, directora técnica bibliotecológica, una directora concursada que viene de la mano de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), así que tiene un respaldo gremial fuerte. Extraoficialmente, se está manejando la posibilidad de que le pidan a Rapetti que se jubile.”

“F”, como muchos otros empleados, necesita hacer catarsis por el ninguneo y desprecio que sufren por parte del presidente de la Nación. “Mauricio Macri habló del Estado como un aguantadero; ésa es otra fantasía: de que hay un núcleo de militantes que no hacen un carajo y cobran un sueldo. ¿Pero quién es el ñoqui acá? Manguel no está designado. Es curioso que a esta altura de su vida Manguel se arriesgue a perder su prestigio, con lo que le preocupa, y su imagen mundana. Muchos pensamos que Manguel no tiene retorno. El que conoce un poco la Biblioteca sabe que es un lugar complicado, que no es un premio. ¿Para qué viene a la Biblioteca? Viene para achicar y para arancelar. No se puede reconocer como director a alguien que no sólo no está designado sino que sólo estuvo cuatro días y nos dejó una cartita que firma como director, pero todavía no salió la resolución que lo nombra. Pero más allá de lo formal, el problema es que todo está como en una nebulosa y no sabemos qué oscuro funcionario puede determinar quiénes están en una lista o no. Esto es aberrante porque no tenés ni siquiera con quién discutir.”

Juan Domingo Pignataro, delegado general de la junta interna de ATE en la Biblioteca, estuvo reunido con la subdirectora de la BN el lunes pasado. “Barber se comprometió a evitar que se produzcan 500 despidos como los que se produjeron en el Ministerio de Cultura. Ella dijo que se va a realizar una evaluación de los trabajadores para ver aquellos que pueden estar en situación de jubilarse. Por primera vez se comprometió y quedamos en volver a charlar para ver cómo sigue todo –comenta Pignataro–. Barber nos dijo que Manguel no va a renunciar. Si se llegaran a despedir 500 trabajadores, Barber nos dijo que renunciaría y Manguel no va poder entrar a la Biblioteca.”

Publicado por Página/12
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