Por Sara Malagón Llano
Al empezar el día, en Twitter fue tendencia un hashtag que impulsó la emisora Radioactiva: #UnMuseoDeColombiaTendría… Los usuarios respondieron con mucho humor, como lo hicieron durante el fin de semana con el hashtag de Carulla por el tweet de Álvaro Uribe, pero también respondieron con violencia: #UnMuseoDeColombiaTendría “una motosierra de oro para homenajear al Gran Colombiano”, “las caletas de alias chupetes”, “un parqueadero donde se roben los espejos”, “los videos del Centro Andino”.
Ese hashtag de hoy puede leerse a la luz de un anuncio que hizo ayer el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez: la institución tendrá ahora su propio museo en el que se expondrán objetos incautados, evidencias auténticas, como símbolo de los hechos violentos más emblemáticos de la historia nacional en los últimos 25 años y como un reconocimiento de la tarea del Estado en su lucha contra la criminalidad.
Por un lado, entonces, el objetivo de este nuevo museo es reconstruir la historia violenta a partir de objetos. Por otro lado, el fiscal quiere reivindicar el trabajo de la Fiscalía y sus funcionarios. Evidentemente el objetivo no es estético, pero ¿tiene este museo un valor cultural? ¿Exponer los logros -y a la vez los fracasos- de un estado con símbolos de su poder es enaltecer al mismo tiempo la violencia? ¿Tiene una propuesta curatorial que vaya más allá del reconocimiento de una tarea institucional? ¿Tiene un valor histórico?
La idea de hacer un museo de la Fiscalía vino directamente del despacho del fiscal. En un principio, Martínez y su equipo visitaron el edificio, en la carrera 13 con calle 18 -que en tiempos de Rojas Pinillas fue el edificio del Instituto de Crédito Territorial y hoy es una de las sedes de la Fiscalía-, para ver un mural del maestro Pedro Nel Gómez que allí se conserva. De esa visita nació la idea de tener un museo en el que se narrara la historia de cómo la justicia ha perseguido el delito.
A principios de este año se conformó un equipo interdisciplinario de funcionarios de distintas oficinas de la Fiscalía: abogados, científicos sociales, diseñadores gráficos, funcionarios de la unidad de gestión y de la administración. En enero se hizo una convocatoria cerrada a nivel nacional entre los funcionarios de la entidad para que aportaran objetos que consideraran parte importante del patrimonio histórico de la institución. En un lapso de cuatro meses se recibieron testimonios personales, objetos valiosos para los mismos funcionarios, algunos de ellos víctimas directas de algún hecho violento. Enviaron desde sus propias identificaciones hasta semblanzas de sus parientes fallecidos, y también vestuario, objetos de criminalística de campo y de laboratorio, copias de documentos que sirvieron como evidencia o material probatorio en procesos ya cerrados, objetos incautados en cooperación con la Policía Nacional y con el Ejército. Al final llegaron una centena de objetos y un número considerable de documentos que aún están en registro y catalogación.
Luego vino la primera instrucción curatorial, de parte del fiscal: el objetivo es narrar la forma como el poder judicial ha venido enfrentando el crimen de todo tipo en los últimos 25 años. Luego el fiscal dio una segunda instrucción: que la muestra se centrara en problemas delictuales de altísima connotación, como el proceso 8.000, el narcotráfico, la corrupción, el paramilitarismo, el conflicto con las Farc.
En la sala de las Farc estarán exhibidos objetos incautados en operativos del Ejército y la Policía. En la del paramilitarismo, el jeep Toyota donde fueron masacrados los funcionarios del CTI que indagaban sobre la masacre de La Rochela en 1989. En la de corrupción, los cheques de Pallomari, el contador del Cartel de Cali, con los que se compró a buena parte de la clase política. También habrá una sala de las cabinas de los fiscales sin rostro, una institucional sobre el origen de la Fiscalía y sobre quienes han sido fiscales de la nación, con un resumen de sus respectivos programas. Y entre los objetos, habrá varios computadores del extinto jefe de las Farc, ‘el Mono Jojoy’, el uniforme camuflado que él llevaba puesto cuando murió, una moto de Pablo Escobar.
Según un funcionario de la Fiscalía, el equipo hizo un buen trabajo de restauración, de iluminación y de organización. Sin embargo, las dudas aparecen cuando hablamos del criterio curatorial, que vino directamente desde el despacho del fiscal.
Existe, en primer lugar, una preocupación relacionada con la recepción, con las posibles lecturas. “Este museo no tiene un objetivo estético, sino que remite al malestar de la sociedad colombiana. Desafortunadamente creo que puede suscitar un interés morboso en algunos visitantes” -dice una fuente que pidió no revelar su identidad-. Solo una adecuada disposición permite que no se ensalcen a los delincuentes, alejándonos del relato de la telenovelas y series, que hacen cierta apología del criminal”, como sucede con los “narcotours”, o con el parque temático en el que se convirtió la Hacienda Nápoles.
El criterio para la presentación de los objetos y documentos fue cronológico. Se elaboraron líneas de tiempo de los delitos o procesos que resultaran legibles para los posibles visitantes, y cada objeto estará contextualizado históricamente.
En términos curatoriales, dice la curadora María Belén Sáez de Ibarra, “me parece que hay algo de fetichismo que ya no es como de nuestro tiempo. Parecería ser similar a eso que se hacía en el siglo XIX, una colección de variedades, que normalmente persisten en sociedades colonialistas. Los museos han avanzado mucho en su conciencia de ser el centro de los procesos que llevan a las cosas. Y la Fiscalía es una institución que ha tenido que esforzarse mucho en sus procesos de contemporanización de sus tecnologías, de la manera en que investiga. Este museo se ve como un lugar fuera de su tiempo”.
Otra de las críticas que han salido a flote desde la primera inauguración es el manejo de los objetos expuestos: el jeep de la masacre paramilitar es una réplica, el uniforme con el que murió el Mono Jojoy fue lavado y el mural de Pedro Nel está en muy mal estado, aunque sería restaurado más adelante. “Uno de los computadores del Mono Jojoy lo acaban de tirar al piso porque estaba mal exhibido. Yo creo que el museo tiene potencial, pero necesita una curaduría juiciosa”, dijo uno de los primeros visitantes.
Desde el punto de vista de las piezas, es cierto que los objetos en sí mismos no tienen valores: una pistola puede ser desde un objeto decorativo hasta una pieza histórica o un arma, y su lectura depende del relato en el que se inscriben. “No he visto el museo, y en Museología todo depende de la puesta en escena. Pero en principio me parece que, bien contextualizados, estos objetos cuentan un capítulo importante de nuestra historia reciente -dice el curador José Roca-. No tenemos la distancia temporal para desligarnos de lo anecdótico, y el dolor e indignación aún están frescos, pero un arma de un narco es análoga a un sable realista de la guerra de Independencia”.
Sin embargo, el posible relato que se desprende de la exposición de esos objetos es lo que podría ser cuestionable o incómodo. Como lo dijo el fiscal, el museo es el resultado de la tarea esforzada de los funcionarios judiciales de la Fiscalía al enfrentarse a delincuentes de todo tipo. Es un reconocimiento pero también una presentación triunfalista, soberana, de la historia. “Me parece delirante y extraño [el nuevo museo] porque no sé qué se está entendiendo por memoria. Tampoco por estado. Me parece que la muestra es un botín de guerra”, dice Andrea Mejía, profesora de Filosofía de la Universidad de los Andes.
Justamente en la inauguración, el 5 de julio, el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que el conjunto de la muestra se podría titular “El estado venció a la delincuencia”, y sin embargo, una de las salas está dedicada a la lucha contra las Farc, guerrilla con la que ahora hay un proceso de paz andando. Al incluir, por ejemplo, una sala como esa, se privilegia tácitamente la narrativa de que el Estado venció a esa guerrilla, que el estado prevaleció. No solo se ignora el relato de las razones sociales y políticas del surgimiento de las Farc, también el espíritu de las negociaciones, que reconoce la culpa de todos los actores de un conflicto que partió, precisamente, porque el Estado falló tanto en su tarea de garantizar el bienestar social como en su posterior pretensión de eliminar violentamente al grupo armado.
Hay quienes creen que es valioso mostrarle a un país desmemoriado nuestra historia de violencia. Sin embargo, al final del día ni siquiera la pretensión del fiscal se cumple del todo, pues los objetos que se expondrán en el museo, que se abre al público la próxima semana, no solo representan logros del Estado, también sus fracasos, vistos de otra manera; son la muestra de su debilidad, en distintos momentos de la historia y frente a distintos actores, pero siempre como un estado en jaque, como un estado acorralado.