Ley de cine

Ley de Cine pasará a plenario con impuesto de 1,5% a Netflix y servicios de streaming

La Ley de Cine (expediente 20.661) tasará con un 1,5% a plataformas como Netflix, Amazon, HBO Go, Mubi y otros servicios digitales que cobran una suscripción para acceder a sus series y películas. El impuesto también se cobrará a “los servicios de televisión por cable, televisión satelital, de pago por visión y cualesquiera otros servicios similares de televisión por suscripción”. Es decir, a los servicios que obtienen ganancias del cine y de la producción audiovisual.

El 1,5% es una modificación al impuesto sobre espectáculos públicos que se cobra al precio bruto de entradas a teatros y cines. Este impuesto se aplica antes de incluir el impuesto al valor agregado (IVA).

Hasta ahora, el impuesto sobre espectáculos públicos cobra un 6% sobre el precio de entradas a teatros y cines. Según la Ley 841 de Espectáculos públicos, este impuesto se cobra completo a los cines ubicados en cabeceras provincia y un 3% al boleto de los cines que operan en las afueras.

Este jueves, la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación dictaminó positivamente este texto sustitutivo, de forma que se discuta con los cambios en el plenario de la Asamblea Legislativa.

La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Laura Guido explicó que la modificación del impuesto se trata de “modernizar algo que ya existía y reconocer que, ahora que hay muchísimas más alternativas, el impuesto podría ser más bajo pero podría participar más gente”.

Según dijo, la modernización también responde a cambios geográficos en las ubicaciones de los cines del país.

“ Ya casi todos los cines están fuera de cabecera de cantón”, dijo Guido. “Ahora tendríamos más actores contribuyendo versus un impuesto que se compensa en su monto”, explicó.

El tema del impuesto a espectáculos público también causó conflictos con un texto anterior de la Ley de Cine.

El expediente dictaminado por la Comisión de Ciencia (20.661) fue abierto en diciembre del 2017 y, durante dos años, ha sido modificado en varias ocasiones.

Cómo se distribuirán los ingresos

Los ingresos del impuesto sobre espectáculos públicos serán distribuidos en porcentajes distintos entre órganos y programas del Ministerio de Cultura y Juventud.
Hasta ahora, la Ley 5780 distribuye la recaudación del impuesto de la siguiente manera: 50% para el Teatro Nacional (restauración, remodelación y mantenimiento); 30% para la Compañía Nacional de Teatro; un 10% para el Museo de Arte Costarricense y 10% para la Orquesta Sinfónica Nacional.
La nueva distribución de lo recaudado será: 40% para el Teatro Nacional; un 20% para el Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual (El Fauno); 22% a la Compañía Nacional de Teatro; 9% para el Museo de Arte Costarricense y otro 9% para el Instituto Nacional de la Música.

Fondo para cine sería ley

El texto sustitutivo de la Ley de Cine propone la creación de “El Fauno”, un fondo otorgado por el Centro Costarricense de Cine y Audiovisual para fomentar la creación audiovisual en el emergente sector audiovisual.

El Fauno ha sido ejecutado desde hace cinco años. No obstante, el dinero distribuido por el Centro de Cine dependía de su propio presupuesto para financiarlo.

“Es el resultado de acuerdos, negociaciones, entre todos los sectores que conforman la producción audiovisual y cinematográfica”, explicó la directora del Centro, Ana Xóchitl Alarcón, sobre la Ley de Cine. “Este es un texto que refleja un buen acuerdo entre todas las partes”.

A finales de octubre, la subpartida del Centro de Cine, dentro del presupuesto designado para el Ministerio de Cultura, fue gravemente afectada por un recorte de 100.000 millones. La dirección del Centro de Cine estimó que El Fauno, el Festival Internacional de Cine, el programa de proyecciones Preámbulo y las giras en comunidades podrían ser vulnerados.

El 18 de octubre, la diputada del PAC Laura Guido calificó el recorte como “una estupidez, la mayor vergüenza que he pasado en mi vida”.

Asimismo, ofreció una disculpa al sector audiovisual por el recorte y se comprometió a compensar la pérdida desde el presupuesto extraordinario.

La amenaza del presupuesto del Centro de Cine reunió al sector audiovisual para discutir su situación productiva frente al Ministerio de Cultura.

Este viernes por la tarde, transcurre una reunión de voceros del sector junto con la ministra Sylvie Durán y la directora del Centro de Cine.

Semanario Universidad


¿Qué está pasando con el proyecto de Ley de Cine y el impuesto a plataformas como Netflix?

Por Andrea Mora

Esta semana surgió una nueva discusión respecto al dictamen que recibió el pasado 31 de octubre el proyecto de ley Nº 20661, Ley de Cinematografía y Audiovisual en la Comisión de Ciencia Tecnología y Comunicación de la Asamblea Legislativa. La opinión pública se dividió respecto al impuesto de 1.5% que este impondría a las plataformas digitales de televisión para ayudar a financiar las producciones cinematográficas costarricenses.

Sin embargo, y como en torno al proyecto se ha dicho tanto y hay más dudas que respuestas, esta nota buscará dar luz respecto a lo que sí y lo que no contiene la iniciativa.

¿Qué propone el texto?

Según el texto del proyecto de ley, la aprobación de la iniciativa buscaría apoyar al Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual (conocido como “El Fauno”). Así, El Fauno se financiaría del ya existente Impuesto a los Espectáculos Públicos; de los recursos, rentas, regalías e ingresos provenientes de coproducciones o de los contratos de fomento cinematográfico, así como de los intereses del fondo.

Lo alimentarían, además, las donaciones, transferencias y aportes en dinero que reciba; los aportes provenientes de cooperación internacional; las sanciones que establezca la ley y los fondos que se le entreguen en el presupuesto nacional de cada año; así como un nuevo impuesto a las plataformas de entretenimiento online, como Netflix.

Ahora bien, es mucho lo que se ha dicho respecto al proyecto y en algunos casos han brotado errores e imprecisiones. Uno de ellos fue el comentario de la exdiputada libertaria Natalia Diaz Quintana, quien aseguró en sus redes sociales (en un posteo que posteriormente eliminó) que este impuesto significaría un aumento del 6% en los boletos de cine que se venden en el país, tal y como consta en esta nota de Doble Check.

Este dato, según el medio universitario, es falso pues:

«Los impuestos para los tiquetes de cine y de teatro se encuentran normados por el Reglamento N° 5961-H. La normativa establece los lineamientos para la aplicación del impuesto sobre los espectáculos públicos. Dicho reglamento establece que todos los espectáculos públicos deberán pagar un impuesto del 6% sobre el valor total de los ingresos brutos obtenidos en cada presentación. También ordena una imposición reducida del 3% para aquellas funciones de cine y de teatro que se realicen en distritos que no sean cabeceras de provincia. Con el texto aprobado este jueves, el impuesto sería modificado y pasaría a ser de un 1,5%Ese porcentaje se aplicaría de forma generalizada, tanto para funciones que se realicen en cabeceras de provincia como fuera de ellas».

Sin embargo, y a pesar de la disminución en la carga impositiva para cine y teatro, lo cierto es que el proyecto sí promueve un porcentaje nuevo de 1,5% al consumo de “películas, series, documentales y demás contenidos de vídeo de entretenimiento, en formato digital”, que aplicaría para los servicios de pago por suscripción, como las operadoras de cable, y también para los servicios digitales de streaming como Netflix, HBO Go y similares.

Estos montos irían ahora a financiar al proyecto El Fauno y a instituciones como el Teatro Nacional, la Compañía Nacional de Teatro y otras dedicadas a la cultura.

El proyecto no es nuevo

El proyecto de ley ya había sido presentado en 2017, cuando Natalia Diaz era diputada y en abril de 2018 logró ser dictaminado en comisión pero quedó pausado con el cambio de legisladores y su discusión no se retomó sino hasta finales del mes de octubre.

Allí, el plenario decidió enviarlo nuevamente a Comisión y se le detalló una nueva redacción que si bien por un lado reduce el impuesto a los boletos de cine y teatro del 6% (que estaba en el original y de ahí el error de Díaz) al 1,5% actual, agrega también el impuesto a los nuevos servicios digitales que el anterior texto no contemplaba.

Entre las reacciones a este nuevo texto, ya dictaminado y que no se han hecho esperar, destacan la de las cableras que ya le declararon la guerra a la iniciativa y señalaron que «tomarán medidas» para evitar su avance en plenario.

Además, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), vía su presidenta Vanessa Castro, señaló que:

«Consideramos que el país está atravesando un momento difícil, con una comprobada contracción económica. Los costarricenses aún están asimilando la aplicación del Impuesto al Valor Agregado; y no es momento para establecer un nuevo impuesto que, a fin de cuentas, se traducirá en un aumento el recibo mensual que paga los consumidores”

Apoyo al proyecto

En declaraciones brindadas a Doble Check, el diputado oficialista Enrique Sánchez y quien es uno de los principales impulsores del proyecto, indicó que este contiene reformas importantes relacionadas con el fomento al cine pues “actualmente ese financiamiento no existe por ley y tiene un presupuesto bastante bajo» (de ¢250 millones, según la página oficial del Centro de Cine), según el medio de la UCR.

Recordemos que en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa se acaba de aprobar un rebajo de ¢255 millones de colones al presupuesto ordinario del Ministerio de Cultura y Juventud que afectaría a todo el sector, lo cual también ha elevado la discusión respecto al tema del financiamiento a estas artes.

El sector cultura, por su parte, envió esta semana un comunicado a la prensa en el que argumenta que para toda el área, cine incluido, este proyecto generaría encadenamientos productivos en la economía nacional que no deberían dejarse de lado. El comunicado señala que:

«En Costa Rica, el sector cultural en el 2015 representó el 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB), cerca de ¢1.115.736 millones de colones (aprox. $2.087 millones de dólares). Es el mismo porcentaje que aporta todo el servicio de salud privada, según datos de la Cuenta Satélite de Cultura. Además el sector emplea al 2,3% de la fuerza laboral del país, es decir a más de 52.000 personas. Entre el 2010 y el 2016, el crecimiento total del empleo en el sector fue de 4,6% y en particular en el sector audiovisual del 49,9%».

Según declaraciones de la viceministra de Cultura, Alejandra Hernández Sánchez:

«Al invertir como país en el sector creativo, no sólo le estamos apostando al fortalecimiento del capital social, humano y cultural, sino que además estamos consolidando una industria con un impacto directo en el empleo y la distribución de los recursos”.

El sector además, señaló películas nacionales como “El despertar de las hormigas” y “Ceniza Negra” que este año fueron galardonadas internacionalmente y trajeron inversión para los cantones en los que fueron grabadas.

Así las cosas, lo cierto es que este nuevo texto que agrega impuestos y reduce otros, ya cuenta con el apoyo de la Presidencia de la República, según lo hizo saber el ministro de la cartera, Víctor Morales Mora, en conferencia de prensa de Consejo de Gobierno el martes pasado; más ese apoyo no se traslada al plenario donde no cuenta ni con la venia de la bancada de Liberación Nacional, ni con la de la Unidad Social Cristiana y tampoco la de Restauración Nacional. Los diputados independientes tampoco avalan la iniciativa así que el proyecto podría encontrar una muerte temprana tan pronto avance en el procedimiento legislativo.

Delfino


Cineastas defienden impuesto a Netflix y cableras

Por Jeffry Garza

El gremio de los cineastas costarricense defiende la propuesta del proyecto de Ley de Cinematografía y Audiovisual, conocido como Ley de Cine, que gravaría servicios como las plataformas de streaming y el cable.

Esto debido a que el plan no crearía un nuevo impuesto, sino que modificaría el que grava los espectáculos públicos, que actualmente es de un 6%.

Dicho impuesto actualmente no incluye los servicios de streaming como Netflix, ni los de cable, por lo que se aumentaría la base de contribuyentes.

Sin embargo, el impuesto sería de un 1,5% y no de un 6%, como lo es ahora.

Por ejemplo, un paquete básico de Netflix, que actualmente ronda los ¢5.240 mensuales, pasaría a costar ¢5.320.

Además, la propuesta incluiría al Centro de Cine dentro de sus beneficiarios, recibiendo un 20% de lo recaudado.

“El proyecto de ley no crea un impuesto nuevo; por el contrario, baja y moderniza el impuesto de espectáculos públicos ya existente para continuar financiando las principales instituciones culturales del país y dinamizar al sector cultura, en constante crecimiento”, dice el comunicado emitido por el gremio.

En Costa Rica, el sector cultural en el 2015 representó el 2,2% del PIB, aproximadamente ¢1,1 mil millones.

Asimismo, el sector emplea al 2,3% de la fuerza laboral del país, es decir a más de 52 mil personas.

Por ejemplo en el 2018, la película “El despertar de las hormigas” contrató entre actores, extras, alojamiento, transporte y alimentación a más de 100 personas en San Mateo.

La República


Cableras le declaran la guerra al proyecto de Ley de Cine

Por Alexánder Sánchez

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), que agrupa las principales empresas de cable y servicios relacionados con las plataformas de streaming que operan en Costa Rica, anunció su rotunda oposición al nuevo proyecto de Ley de Cine, que próximamente será discutida en el plenario de la Asamblea Legislativa.

Además, anuncian que tomarán medidas para evitar su aprobación.

La semana pasada dicho proyecto se dictaminó positivamente en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, por lo que se le dio la bendición para seguir navegando en la corriente legislativa.

Entre otras cosas, el texto propone la modificación la Ley de Espectáculos Públicos, que rige desde 1947, proponiendo el cobro de 1.5% a servicios de streaming como Netflix y servicios de televisión de paga como Cable Tica y Tigo, entre otras compañías similares.

Para Infocom, esa propuesta “golpearía directamente las finanzas de los costarricenses”.

“Consideramos que el país está atravesando un momento difícil, con una comprobada contracción económica. Los costarricenses aún están asimilando la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA); y no es momento para establecer un nuevo impuesto que, a fin de cuentas, se traducirá en un aumento el recibo mensual que pagan los consumidores”, aseguró Vanessa Castro, presidenta de Infocom.

Mediante un comunicado de prensa, Infocom recordó que unos 883.000 ticos son usuarios de televisión por cable, sin contar los suscritos a las plataformas de streaming.

En la comunicación, además, Castro lamentó que la iniciativa de ley “no haya sido socializada ni consultada con los proveedores ni los consumidores de los servicios que se verán impactadas por el nuevo impuesto”.

Por si fuera poco, Castro señaló que dicho impuesto se sumaría a otros que ya hoy pagan los usuarios, como el 13% de IVA, un 0,75% que va al Sistema de Emergencias 9-1-1; así como la contribución del 1% destinada a la benemérita Cruz Roja sobre los servicios de telefonía móvil.

“Sobre estas dos tasas, se discuten actualmente proyectos de ley para incrementar al 1% la tasa del 911 y ampliar la base a servicios de internet en el caso del denominado impuesto rojo (a la Cruz Roja). La industria de Telecomunicaciones propone buscar mecanismos alternativos para financiar al sector audiovisual, por ejemplo incentivos fiscales, que ya se utilizan en otros países”, agregó Castro.

Por su parte, José Gutiérrez, gerente de Regulación y Comunicación de Cabletica, expresó que la reforma contribuye a abrir la brecha digital, por lo que no es un avance, sino un retroceso.

“Costa Rica tiene pendiente la meta de disminuir la brecha digital y motivar la alfabetización digital, por lo que hacemos un llamado a los diputados para no generar barreras que desincentiven el uso de la tecnología, por el contrario, se deben generar las condiciones», expresó Gutiérrez, mediante otra comunicación oficial.

Medidas a tomar

Con el firme propósito de botar este proyecto de manera definitiva, Castro anunció que comenzarán acciones inmediatas para no “ser sorprendidos” con la aprobación repentina de la Ley de Cine.

“La experiencia nos dice que cuando se trata de impuestos corren a hacer las cosas. Es una voracidad tributaria. Por eso nos estamos moviendo desde ya porque no sabemos en qué momento el proyecto de ley comenzaría a discutirse en el plenario”, expresó la funcionaria.

“Lo que vamos a hacer, desde ya, es tratar de hablar con los diferentes jefes de fracción y otros diputados. Esperamos que tengan conciencia de que ellos representan a la gente. Además, vamos a hablar con otras cámaras que sabemos coinciden con nuestra posición”, agregó Castro.

Castro finalizó diciendo que propondrán una ley distinta, que promueva el cine mediante la rebaja de impuestos para la actividad cinematográfica. Una especie de incentivo tipo zona franca, para desarrollar películas.

Defensores de la propuesta

Para el diputado Enrique Sánchez, quien impulsa el proyecto, el pago adicional que el usuario tendrá que desembolsar por dicho impuesto es mínimo, por lo que no prevé un gran impacto.

“No será gran cosa lo que tendrá que pagar el usuario. Son ₡80 en caso del cable y ₡232 en el caso de las plataformas de streaming”, dijo Sánchez.

Por ejemplo, la tarifa de Netflix, que actualmente es de $8,99 (unos ¢5.240), con el impuesto, pasaría a ¢5.320.

En tanto, un paquete de televisión básico ofrecido por Cabletica, cuya tarifa más barata es de ¢15.492, subiría a ¢15.724.

Por su parte, un servicio como el de HBO Go, que cuesta $9,99 (¢5.824), aumentaría a ¢5.911.

Sobre la fuerte oposición manifestada por Infocom, Sánchez se limitó a decir que el proyecto es una actualización al impuesto, pues ahora no solo el cine como tal está lucrando con el negocio audiovisual.

“Es actualizar la realidad del mercado actual. Es un tema de que el audiovisual financie el audiovisual y el cine al cine”, expresó el diputado.

El expediente 20.661, sobre Ley de Cine, fue introducido en la corriente legislativa desde el 2017, por la entonces diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero. Actualmente, la iniciativa es impulsada por los diputados rojiamarillos Sánchez y Laura Guido, y por el liberacionista Wagner Jiménez, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

La Nación

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