Ecuador: entrevista exclusiva a Juan Martin Cueva, viceministro de Cultura

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Por Daniel Cholakian – NodalCultura

Juan Martín Cueva no es nuevo en la función pública. Hasta comienzos de este año estuvo al frente del CNCINE, del cual se fue en medio de una cierta polémica, que pasado algo más de un año, parece menos trascendente del impacto que tuvo en su momento. Cuando desde afuera se analiza los discursos y las políticas públicas, llevadas adelante desde que se aceleró el proceso de promulgación de la ley de cultura, se observa consistencia del análisis de la situación y del modo estratégico en que se piensa el futuro. Más allá de las diferencias personales y de estilo de los funcionarios que ocuparon los cargos más altos del Ministerio de Cultura. Desde mayo de este año es vice ministro de Cultura, acompañando en la gestión al ministro Raúl Vallejo.

Cueva es un funcionario afable, que se permite el tiempo necesario para la búsqueda de la palabra, que sabe hacer énfasis en las ideas centrales que quiere expresa. Con cautela y precisión explica porque lo importante no es tanto discutir si el presupuesto para cultura es poco o mucho, sino el modo en que se asignan a través de políticas de fomento, que además de democráticas y transparentes, deben involucrar a todos los estamentos del estado, desde el nacional hasta el municipal. Del mismo modo deja claro que, más allá de los derechos de los artistas y gestores, el objeto de la nueva ley es proteger los derechos culturales del pueblo ecuatoriano.

Esta misma gentileza y apertura al diálogo la hemos vivido en Loja, en una cena tranquila compartiendo una botella de vino, como en el fragor del trabajo en su despacho en Quito, donde aceleran la reglamentación de la ley orgánica de cultura y Cueva recibió a NodalCultura, con tiempo, un excelente café ecuatoriano y unas exquisitas galletas.

Terminado el Festival de Artes Vivas de Loja ¿cuáles son las primeras conclusiones de estos días tan intensos?

Antes de comenzar teníamos varios temores con respecto al Festival. Que fuésemos capaces de hacer una programación de primer nivel, diversa e interesante, coherente. Que pudiésemos traer a todos esos grupos con tan poco plazo de anticipación. Que todo funcionase bien en relación a organización, producción y logística. Pero más que todo eso, el gran temor que teníamos era el tema del público. Nos preguntábamos como iba a vivir el Festival una ciudad como Loja.

Nos criticaron mucho desde el comienzo de que fuese un Festival que nace de una decisión política, y no de un supuesto proceso del propio sector, o de una dinámica de los grupos de las artes escénicas de Loja. También nos decía que Loja no tiene un público para este tipo de obras. O que no tiene suficiente capacidad hotelera. En resumidas cuentas, que era un proyecto desproporcionado, arbitrario y que iba a fracasar.

Y, más allá de que pusimos todo de nuestra parte para que las cosas funcionen bien, cómo no había antecedentes no podíamos prever el resultado. Creo que la decisión de haber puesto el Festival en manos de alguien como Patricio Vallejo fue fundamental. No es una casualidad o una cuestión fortuita que haya resultado muy exitoso. Patricio Vallejo tiene muchas cualidades, pero la principal es que tiene legitimidad en el sector, tanto en Ecuador como en América Latina. Viene de las artes escénicas, conoce mucho de teatro y no es ortodoxo en las líneas de trabajo. Tiene su teatro y su manera de concebir el teatro, pero no se cierra a otras expresiones. Muchas veces los curadores de los festivales o los directores de un museo llevan lo suyo al lugar. Lo que está en su entorno inmediato y en sus preferencias. Patricio tiene la suficiente apertura y la comprensión de que lo que le gusta no es lo único que existe, y que todo lo otro tiene validez. Por eso la programación tuvo mucha diversidad. Eso fue muy importante, porque a un público como el de Loja no puedes proponerle solo una visión de las cosas. Hubo propuestas muy diversas ya sea en formatos, técnicas, lenguajes, temáticas, estilos, procesos. Teatro para niños, teatro para calles, para escenarios convencionales. Monólogos, obras con elencos importantes, danza, música. Yo creo que eso dio un muy buen resultado.

Diría que a nosotros mismos nos sorprendió cuando nos dijeron que se habían agotados todas las entradas. Nos vimos casi sobrepasados. Hubo grandes rrupos de estudiantes universitarios que se desplazaron hacia Loja no pudieron ver todo lo que querían ver, porque no teníamos lugares para todos. Les asignamos lugares en todas las obras, pero imposible satisfacer a todos. Inclusive tuvimos que lidiar con quejas de varios lojanos, que no podían aceptar que cuando iban a querer ir a la función efectivamente estaba todo vendido. Creo que la gente se confió, no pensó nunca que llegado el día, con una sala de 900 personas, ellos no podrían entrar porque está llena. De todos modos es por abundancia y no por escasez.

En tal caso el resultado contradijo la expectativa crítica original respecto del interés del público y de la validez de la elección de Loja

Yo creo que en ese sentido hay un prejuicio respecto de la concentración de la cultura y el arte en Quito y Guayaquil en relación a la determinación del público. Es real que una programación permanente, experimental, exigente se concentra en estas ciudades, pero no es porque “a la gente no le guste”. Personalmente tengo un problema serio cuando dicen respecto de cualquiera de las expresiones artísticas, “eso es lo que le gusta a la gente”, aludiendo a la cultura de masas y a los productos más comerciales y facilones. ¿Cómo saben que es lo que la gente quiere, si a lo único que tiene acceso es a eso? ¿Cómo se puede decir que le gusta eso si es la única opción? En una multisalas de cine lo único que se ofrece es la misma opción en varias versiones distintas, pero finalmente es lo mismo.

Me parece que muchos cuando pensaban en las audiencias de las Artes Vivas, pensaban en esos grupitos de público formado, exigente, cautivo de este tipo de propuestas, pero dejaron de ver más allá. Lo que vimos es que hubo propuestas, quizás más sencillas, lejos de cualquier visión snob. En todos los casos, la relación con el público fue increíble. Desde el público más informado y que conocía la programación y compró sus entradas previamente, hasta ese público que pasaba por la calle y se quedaba y entusiasmaba, del que no se puede decir que no le gusta el teatro. Entonces yo creo que, en este sentido, ha resultado muy bien.

Haber elegido Loja, haber inaugurado el Teatro Nacional Carrión, haber activado otras salas de la ciudad, haber incorporado a artistas lojanos y de la región en la programación, y también en la concepción y la producción es bien importante. A la larga el Festival tendrá que irse enraizando en Loja y su gente se tendrá que apropiar de él. Lo que no queríamos que se sintiera al Festival como un ovni, que llega desde lejos, abduce a algunos y se va.

Quisiera conectar esto con lo que establece la ley de cultura. Si el Festival fuera sólo un evento, se evalúa como tal. Pero es mucho más que eso. Es una suerte de laboratorio para ver como se puede ejercer en la práctica algunas pautas que están establecidas en la ley, relacionadas con las articulaciones entre distintos actores y al trabajo en conjunto. Me refiero al sistema nacional de cultura, que no es sólo una serie de instituciones que están ahí vinculadas institucionalmente. Es con la gestión en la que se ven los resultados de este sistema.

Una de las críticas que mencionaba al comienzo estaba referida al uso de los recursos que se dedicaron al Festival.

Esa es una discusión permanente. A veces polemizo con una frase que se suele utilizar fácilmente. Yo digo que no es verdad que no hubo recursos para la cultura en Ecuador. No es verdad. El problema es que han sido muy mal usados. Se desperdician cuando hay competencias que se superponen, cuando no hay claridad en las funciones de cada instancia, cuando no hay claridad en las herramientas de políticas públicas. Cuando no están establecidos mecanismos de relación claros entre el Estado y el ciudadano o entre el gobierno central y los gobiernos locales. Esto es lo que se propone el Sistema Nacional de Cultura. Estamos en una etapa compleja porque nos toca reglamentar la ley y poner todo esto en un modo que funcione.

En el Festival de Loja vimos que esto puede funcionar. El gobierno a través del ministerio de cultura, otros ministerios y el gobierno local, articularon y lograron una economía de recursos. Ahí están ahora las salas que son parte de la Red que propone la ley. ¿De qué otra manera se pueden poner en red una sala que pertenece al municipio, una sala que pertenece a la Casa de la Cultura y una sala que pertenece al Ministerio de Cultura, sino es con una programación compartida, con una boletería única, con una convocatoria conjunta? Ese era un reto y creo que ha sido superado.

Otra de las críticas que mencionó convoca a una discusión, que no está saldada en la mayoría de los países de la región, es la crítica a la decisión política en materia de cultura. Parece que hablar de políticas culturales fuera una vergüenza, como si toda la política cultura debiera ser darle dinero a una elite de artistas para que desarrollen su obra como mejor les parezca. Sin embargo la decisión del presidente de impulsar el Festival y de llevar adelante el proyecto de la ley de Cultura, van en el sentido de reivindicar las políticas culturales.

Así es. Es una discusión bien de fondo. Yo creo que quizás lo que está en el trasfondo de este tema es para quién se legisla. Para quién son las leyes. Para quién está pensada una ley de cultura. La ley tiene que pensar en el ciudadano.

Tenemos un automatismo que nos hace pensar que una ley de cultura es para que los artistas puedan trabajar en mejores condiciones y tal. También es para eso, por supuesto. De hecho en la nueva ley hay unas fuertes disposiciones que tienen que ver con el reconocimiento del trabajo de los artistas, de los procesos de creación y producción, que son fundamentales. Se los reconoce como profesionales, como gente que aporta a la economía, a la sociedad, al desarrollo, a la identidad nacional. Pensar un régimen laboral, eso ya es importante. No es un hobby lo que hacen. No es una actividad suntuaria, no es un lujo, no es algo prescindible. Eso es fundamental en la ley de cultura. Las herramientas y disposiciones de fomento a la creación y producción son también esenciales.

Pero no se puede pensar sólo en el sector de la producción y de la creación al momento de pensar una ley de cultura. Hay que pensar en el ciudadano. Ni siquiera digo el espectador. Este es un ciudadano que accede a un espectáculo. Hablo  de los derechos culturales del ciudadano cualquiera. No solo cuando vas al teatro, a un museo o a una biblioteca tienes derechos.  En el día a día tienes derechos culturales, que son fundamentales, aunque no sean tan visibles o identificables. Los derechos culturales garantizan el buen vivir, no solo el vivir.

Más allá la batería de disposiciones para los artistas, productores y gestores, tiene que pensar básicamente en ser una ley que garantice, amplíe e implemente los derechos que están establecidos en la constitución, pero que tienen que desglosarse y ponerse en acto a través de una legislación específica. Allí entran temas como el aprovechamiento del espacio público, el uso de la estructura instalada, cuestiones de formación y capacitación, no solo artística, sino de formación del público también. Que desde la primera infancia todos tengan acceso a una serie de expresiones culturales diversas, que no son solo aquellas que provienen de la cultura hegemónica de masas que se nos impone. Ese es el combate real.

En este momento vivimos, no solo aquí, sino en todo el mundo, una hegemonía brutal de la cultura de masas, de la gran industria del espectáculo. Es cierto que no se podría pensar el cine en el presente sin Hollywood, ni la industria musical sin la gran industria norteamericana. No se trata de que lo que hagan ellos sea basura, no lo que no es aceptable es que nuestras poblaciones estén colonizadas mentalmente sólo por un tipo de producto. Esa es una tarea del estado. No se trata de un nacionalismo primario, sino de pensar que es desde allí que se construyen los imaginarios y los universos culturales de los ciudadanos.

Usted es cineasta y su último cargo fue la presidencia del CNCINE, de modo que conoce como pocos el campo cinematográfico. En las discusiones por la ley de cultura se descartó un impuesto del 10% a la taquilla de las películas extranjeras, en lo que intuimos debe haber una importante presión de la principal cadena de exhibición ecuatoriana. ¿Cómo cree que ayudará la ley a combatir esta hegemonía en la oferta, que está básicamente concentrada en el circuito de distribución y exhibición?

Primero aclaremos que nunca se logró “vender” bien esa idea y que tal vez haya habido un problema de “timming”. Tal vez un tiempo antes podríamos haber avanzado con eso, pero ahora, ante un escenario pre electoral, se nos complicó avanzar en ese sentido. Por fortuna se encontraron formas de financiamiento para cubrir ese fondo.

Es importante que quede claro. No se trataba de castigar al espectador. No era que el espectador iba a pagar más. Se trataba de que las empresas exhibidoras paguen el impuesto de sus utilidades, y solo por aquellos contenidos que no fuesen declarados de interés para la diversidad de la programación, no por cualquier película extranjera. En esta calificación de interés, entraría todo el cine ecuatoriano, todo el cine latinoamericano y el cine de cualquier país que el Instituto de Fomento y la Creación Audiovisual declarase de interés para la programación. Puede haber una película independiente norteamericana en este grupo, sin problemas. No estamos censurando nada. No decimos “que no pase Hollywood”, para nada. Sabemos que el cine industrial de Estados Unidos llena las salas, y está bien, pero nos parece coherente que de ese movimiento económico que es muy fuerte, pudiéramos cobrar un 10% de impuesto.

Muchos no comprendieron que el financiamiento no iba solo al cine, sino al Instituto de Fomento de la Innovación y la Creatividad. Iba a todas las formas de expresión artística, no solo al cine.

Finalmente  se pudieron definir otros mecanismos de financiamiento que no están mal. El primero, que ya existe, es el 5% de los excedentes del Banco de desarrollo. Eso es lo que ha alimentado Foncultura desde los años ‘80 hasta ahora. En este caso el problema es que ha habido una mala definición respecto de los mecanismos de inyección de estos recursos y  no se podían gastar. De modo que se fueron acumulando y ahora hay U$S 22,8 millones, que será una muy buena base para el fondo de fomento. Más allá que, por supuesto, seguirá acumulándose.

Hemos logrado entretejer la nueva ley con la de propiedad intelectual, por la cual una parte de los fondos que a innovación, creatividad, ciencia y tecnología, vayan a cultura, reconociendo lo que esta tiene de innovación, creatividad y educación. Luego hay fuentes de financiamiento menores como las correspondientes a multas o sanciones, y por supuesto, aquello que el gobierno central decida destinar a cultura del presupuesto general de la Nación. Este monto, lamentablemente no es estable ni previsible, lo que en su momento cuando estaba al frente del CNCINE, me llevó a plantear que había que establecer fuentes permanentes y estables para el fondo de fomento. Esa es una de debilidades que siempre identificamos en la ley de fomento del cine nacional.

Los recursos están. Algunos dicen que son pocos, otros se escandalizan y dicen “Cómo van a poner toda es plata en cultura!!”. Mucho o poco, lo importante es cómo se reglamenta la ley y se establecen herramientas de fomento que sean claras, y no nos suceda lo que ocurrió con Foncultura, que tenía una normativa que hacía que el fondo se administrara con parámetros de banca de inversión. Nunca una estructura financiera de ese tipo entiende las dinámicas de un gestor cultural, que está pidiendo U$S 20 mil para hacer un proyecto. Ellos están acostumbrados a una institución que pide 10 millones para hacer un teatro. Con eso hablan un mismo idioma. Sus condiciones de análisis y otorgamiento, sus parámetros para medir resultados y la burocracia que demandan, hacían inviable el fomento de la producción cultural.

Ahora el desafío es ese. Lograr aumentar los recursos, pero fundamentalmente generar mecanismos rápidos, democráticos, eficaces y transparentes para el fomento. En el Ecuador nos hemos acostumbrado a que la única instancia que implementa estas líneas es el gobierno central. Ese es otro error. Tenemos que ir articulando que los gobiernos locales o los provinciales, para que puedan establecer mecanismos de fomentos. Siempre ha habido inyección de fondos públicos de estas instancias hacia la cultura. El problema es que se ha hecho en medio de un desorden y falta de normativa absoluta. Con discrecionalidad de los responsables políticos, ya sean alcaldes, concejales, presidentes de la Casa de la Cultura, ministros o directores de cultura. Se apoyaban proyectos sin ningún tipo de transparencia en las condiciones democráticas e igualitarias de acceso a los fondos.

En la ley establecemos claramente los fondos concursables, que en la práctica ya se venían convocando. Es un mecanismo mucho mejor que cualquier otro que se ha experimentado aquí para la asignación de los fondos.

Usted hablaba de la hegemonía de la industria de la cultura de masas en la oferta de propuestas culturales y de la importancia que tienen para la nueva ley los derechos culturales de la población ¿Puede el estado construir herramientas para empezar a ofrecer al ciudadano un acceso de mayor diversidad a los bienes culturales?

Yo no solo creo que puede, creo que debe hacerlo. Es un deber del estado. En nuestra constitución hay disposiciones en ese sentido. Es deber del estado garantizar el acceso a los ciudadanos a una diversidad de contenidos culturales.

El problema es cómo hacerlo. ¿Disputando los mismos espacios y mercados o creando otros alternativos y paralelos?

Yo creo que hay que utilizar ambas. La primera es más difícil políticamente, y la segunda lo es en tanto implica un proceso más costoso y a largo plazo.

Pongamos el ejemplo del cine. En el mercado existente, en Ecuador hay una red de algo más de 300 salas, repartidas en 22 cantones, y en manos pocos grupos económicos que son grandes cadenas de exhibición cinematográfica. Esas salas tienen sus lógicas, sus dinámicas, sus intereses. Legítimos, por supuesto. Existen por eso y no le podemos modificar su negocio. Con ellos habrá que negociar nuevas prácticas. Está demostrado que no se pueden imponer ciertas cosas, no siempre funciona. No solo por las resistencias de los operadores de las salas, sino porque el público tampoco responde a decretos.

A eso responden ciertos mecanismos como el del impuesto a la exhibición cinematográfica, o de tratamiento especial para la producción nacional, que no suponen imposiciones ni para el exhibidor ni para el espectador los contenidos. Sirven para facilitar la apertura de ese mercado para el que espectador tenga la posibilidad de acceder a otras visiones, y que poco a poco sea él quien exija esta diversidad también.

Adicionalmente, tenemos que pensar que actualmente el circuito de salas comerciales ya no es la única ventana o red de exhibición. Las nuevas tecnologías nos ofrecen nuevas vías, estos son mercados ya existentes que también tendremos que explorar.

Como te decía, existe esta red, pero el problema es que no tenemos una red de salas públicas, alternativas, comunitarias que proponga otra programación a los espectadores. Una programación que no debe ser un sub producto gratuito para un público marginal. No, para nada. Debe ser otra opción de entretenimiento, de formación de públicos.  Tenemos una enorme infraestructura pública. Y cuando digo pública, no solo hablo del ministerio de cultura o del gobierno nacional. Existen espacios de los municipios, de los concejos provinciales, de las universidades, de otros ministerios, de escuelas. Mucha de esta infraestructura puede tener un uso de difusión cultural, de activación de procesos de creación, están increíblemente sub utilizados. Hay salas que se abren 2 veces por año. Lo que establece la ley  es que las instituciones que pertenecen al sistema nacional de cultura, tantos las públicas como las entidades privadas que reciben fondos públicos, están obligadas a poner a disposición esas salas para que el público tenga acceso a una programación diversa.

Ahora viene todo un trabajo fuerte y complejo, que es de interés de todos, para que la legislación se adapte a nivel local, y se organice el uso la infraestructura y se establezcan redes de interacción que garanticen el acceso del ciudadano a una diversidad cultural mayor.

Detrás de esto hay un tema esencial: no se modifican los hábitos culturales por decreto, ni de la noche a la mañana, ni aunque inyectes miles de millones para eso. Son procesos largos y tienen que ser pensados estratégicamente. No es un cambio tan fácil. Hacía vamos entonces.

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