La memoria es bien cultural

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La Secretaría de la Cultura de la Presidencia de El Salvador (SECULTURA) emitió el 17 de enero del presente año la Resolución Interna de “reconocimiento” y declara “bien Cultural al lugar de Memoria Histórica donde ocurrió la Masacre de Santa Cruz”, una extensión de 544.56 metros cuadrados de cuya propiedad es dueño el señor José María Sánchez Cruz, la cual entró en vigencia el pasado 23 de marzo día de su publicación en el Diario Oficial.

La Masacre de Santa Cruz fue perpetuada por las fuerzas armadas del Destacamento Militar No Dos de Sensuntepeque en noviembre de 1981, en el caserío Santa Cruz del Cantón Trinidad, jurisdicción de Sensuntepeque Cabañas, bajo el mando del entonces Teniente Coronel Sigifredo Ochoa Pérez.

La declaratoria se da en “en cumplimiento del Art. 1 inciso tercero, y el Art. 63, ambos de la Constitución de la República de El Salvador, en los que se establece que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”; ya que “la riqueza artística, histórica y arqueológica del país forman parte del tesoro cultural salvadoreño, el cual se encuentra bajo la salvaguarda del Estado y sujeto a leyes especiales para su conservación”.

Cuyo fin es la “protección y conservación del lugar de Memoria Histórica”, por lo que “sólo se permitirán obras de construcción que dignifiquen la memoria de las víctimas, previa autorización de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural”, quedando “terminantemente prohibida toda acción u omisión que ponga en peligro o facilite el deterioro físico del lugar de memoria histórica donde ocurrió la masacre de Santa Cruz”.

Conforme a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural y su Reglamento, “la municipalidad de Sensuntepeque, mediante las dependencias de la misma; la Policía Nacional Civil, y toda persona natural o jurídica, están obligados a resguardar y velar por el cumplimiento de las medidas de protección emitidas”, “en virtud de lo cual deberán prohibir, impedir y dar aviso a la autoridad correspondiente, de todos los actos de vandalismo que de forma individual o colectiva puedan afectar a dicho Bien Cultural”.

El operativo militar de limpieza total, bajo la táctica tierra arrasada, ocurrió del 11 al 19 de noviembre de 1981, comandado por el coronel Sigifredo Ochoa Pérez del DM-2, fue dirigido contra población civil no combatiente de la zona del cantón Santa Marta y Peña Blanca.

La masacre ocurrió entre la media noche del 15 y la madrugada del 16 de noviembre, cuando la población huía de la zona de Peña Blanca buscando salvar sus vidas, luego de cruzar el río Copinolapa, frente a la escuelita de Santa Cruz, donde un cerco militar acribilló a la población a mansalva y luego quemaron sus restos. La cifran de muertes sigue sin ser precisada y las cantidades cambian según la fuente, desde 50 hasta más de 200 personas de todas las edades.

Los pobladores de Santa Marta y sus alrededores habían sufrido un enorme operativo contra insurgente tierra arrasada en marzo de ese año, obligándoles a refugiarse en aldeas de Honduras de la franja fronteriza con El Salvador, perpetuando la masacre del río Lempa el 18 de marzo y obligando al exilio a los sobrevivientes por varios años.

En los meses siguientes al operativo de marzo una parte de la población regresó a la zona de La Peña y La Pinte, pensando que la situación volvería a la calma y podrían rehacer sus vidas en sus lugares de origen, concentrándose más de un millar de población campesina, quienes fueron masacrados en Santa Cruz.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR) ha documentado amplia y sistemáticamente estos hechos en su informe “Solo Dios con Nosotros: La Masacre de Santa Cruz”[1]publicado el 27 de abril de 2015.

Documentos Desclasificados por la CIA sobre Ochoa Pérez[2] en respuesta a una demanda interpuesta contra la agencia[3] por el UWCHR, en base a la Ley de Libertad de Información (FOIA), se refieren al coronel y lo vinculan con las masacres de Santa Cruz en 1981 y de El Calabozo en 1982, cometidas bajo su mando durante el conflicto armado.

Por Leonel H. Rivas

Notas

[1] https://unfinishedsentences.org/es/reports/santa-cruz/

[2] https://unfinishedsentences.org/es/cia-ochoa-foia/

[3] https://jsis.washington.edu/humanrights/2015/10/05/uw-demanda-cia/

Foto: En el lugar de la masacre de Santa Cruz , Maria Julia Ayala cuenta su testimonio mientras la escucha un grupo de sobrevivientes, vecinos y trabajadores de derechos humanos. La demanda para que se investigue la masacre de Santa Cruz ha sido presentada a la Fiscalía, sin tener hasta la fecha ningún progreso, mientras tanto pobladores de Santa Marta, sobrevivientes y familiares conmemoran cada año y demandan verdad y justicia. (Foto: Keny Sibrian)

Publicado en EdicionCero
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